📸 Cortesía: Instagram @julioiglesias
Fue presentada ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional española una denuncia contra el cantante Julio Iglesias por parte de dos exempleadas, quienes lo señalan de agresiones sexuales, acoso y vejaciones ocurridas en 2021 en propiedades del artista en República Dominicana y Bahamas. La denuncia, radicada el 5 de enero de 2026, se encuentra bajo investigación preliminar.
Los hechos denunciados se desarrollaron entre 2020 y 2021, según la cooperación investigativa entre Univisión y elDiario.es. Las afectadas, identificadas con los nombres ficticios de Rebeca y Laura, denunciaron múltiples formas de violencia sexual, psicológica, física y económica. Dentro de las acusaciones específicas mencionan agresiones sexuales sin consentimiento, con tocamientos y penetración, así como maltratos físicos como abofeteamientos e insultos durante encuentros forzados. Además, describen jornadas laborales de hasta 16 horas sin descansos, vigilancia en sus comunicaciones y restricciones para abandonar las residencias donde trabajaban.
La Fiscalía ha otorgado a las denunciantes el estatus de testigos protegidos. Se establecieron medidas para continuar con el proceso con cautela, como el resguardo de la identidad, la prohibición de contacto con Iglesias y sus allegados, y declaraciones por videoconferencia debido a que las víctimas residen fuera de España, todo bajo secreto de sumario.
El caso ha suscitado repercusión internacional tras la publicación de testimonios similares de otras 15 mujeres que trabajaron con Julia Iglesias entre 1990 y 2023 y relataron tratos similares. En entrevista, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, señaló que el Gobierno analiza retirar la Medalla de Bellas Artes otorgada al cantante, destacando el compromiso con las víctimas y con la igualdad. Amnistía Internacional ha calificado estos hechos como delitos de trata de personas con fines de servidumbre y acoso sexual.
Julio Iglesias no ha emitido pronunciamiento público sobre las acusaciones hasta la fecha. La Audiencia Nacional deberá definir su jurisdicción para iniciar procesos, dado que los delitos habrían ocurrido fuera del territorio español, alcanzando un precedente jurisprudencial en las investigaciones de actos realizados en el extranjero. Se mantiene el llamado a seguir el desarrollo del proceso judicial con especial atención a la protección de las víctimas y la aplicación rigurosa de la ley.
