Justicia para menores en Colombia

«`html¿JUVENTUD EN LA ENCRUCIJADA? REFORMA AL SISTEMA PENAL ADOLESCENTE EN COLOMBIA
Un cambio urgente.

Este viernes 30 de mayo de 2025, en Bogotá, el Congreso colombiano discute un ambicioso proyecto de ley que busca transformar el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), con la intención de cambiar para siempre la manera en que la justicia trata a los menores en conflicto con la ley.

El Ministerio de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura presentaron el Proyecto de Ley 416, que desde su radicación el 2 de abril ha generado expectativa y debate en la Comisión Primera del Senado, donde el pasado 29 de mayo recibió ponencia favorable. Son 101 artículos que no solo prometen una reforma legal, sino un cambio de paradigma: pasar de un sistema punitivo a uno basado en la justicia restaurativa y terapéutica.

Lo que se propone es más que ajustar normas. Es priorizar medidas alternativas a la privación de libertad, poniendo en el centro a la reparación del daño y a la atención integral del adolescente infractor, sin dejar de lado los derechos de las víctimas y la seguridad de la sociedad. Es un equilibrio delicado, que aspira a romper con la lógica tradicional que ha fallado a generaciones jóvenes.

La ministra de Justicia y del Derecho, Ángela María Buitrago Ruiz, recordó en sesión plenaria que la propuesta se sustenta en la jurisprudencia nacional e internacional, y en principios que buscan transformar el castigo en oportunidad de rehabilitación y reconciliación: «La justicia restaurativa y terapéutica no son solo palabras, sino un camino para que la comunidad y los jóvenes infractores encuentren sentido, reparación y camino hacia la inclusión», afirmó.

Esta discusión cobra especial urgencia tras el reciente atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido hace pocas semanas y atribuido a un menor de edad. La Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, confirmó que el adolescente será procesado por tentativa de homicidio y porte ilegal de armas, pero subrayó que el proceso seguirá un enfoque pedagógico y restaurativo, plenamente alineado con los principios del proyecto de ley.

El proyecto busca además fortalecer principios esenciales como la desjudicialización, la intervención penal mínima y la aplicación restringida de sanciones privativas de libertad, entendiendo que encarcelar puede ser una sentencia doble para quienes todavía están en desarrollo y cuyo entorno social muchas veces es el verdadero detonante del conflicto con la ley.

¿Podrá Colombia entonces avanzar hacia un sistema que respete la complejidad y los derechos de adolescentes en conflicto con la ley, pero sin perder de vista la necesidad de justicia y protección social? La ciudadanía, expectante, vigila este debate que sin duda marcará un antes y un después en el país.

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