📸 Cortesía: Presidencia / X @KatheMirandaP
Crítica a la política de “paz total” tras avance electoral del Pacto Histórico en zonas con grupos armados
La representante a la Cámara, Katherine Miranda, del Partido Verde, cuestionó este 30 de octubre la efectividad de la política de “paz total” del presidente Gustavo Petro, luego de conocerse que el Pacto Histórico obtuvo su mayor avance electoral en municipios con alta presencia de grupos armados ilegales. Miranda alertó sobre posibles presiones al voto en estas zonas de riesgo y dijo que “la ‘paz total’ no trajo seguridad, pero sí resultados en las urnas.”
El análisis de la consulta interna del Pacto Histórico, realizada el 26 de octubre, reveló que la coalición alcanzó 2,7 millones de votos. Sin embargo, de acuerdo con datos citados por Miranda y reportados por La Silla Vacía, el crecimiento electoral se concentró en territorios donde hay presencia de grupos armados y reportes de riesgo de la Misión de Observación Electoral.
Según cifras de la Registraduría y análisis difundidos por Miranda, en los municipios considerados “sin riesgo”, el Pacto logró un avance del 2 % para Senado y 4 % en Cámara. En contraste, en municipios de “riesgo extremo”, el aumento fue del 8 % para Senado y 19 % en Cámara. Regiones apartadas como Bajo Baudó (Chocó) y Palmito (Sucre) registraron incrementos exponenciales, en algunos casos multiplicando por más de 100 la votación respecto a elecciones anteriores.
“Parece que la indulgencia con los violentos fue su mejor estrategia electoral”, afirmó Miranda en su cuenta de Twitter, acompañando la denuncia con gráficas que respaldan su señalamiento. Ante preguntas sobre la posible presión a votantes en esas zonas, la congresista insistió en la necesidad de investigar estas irregularidades para garantizar transparencia.
El llamado de Miranda enfatiza la necesidad de reforzar la seguridad electoral y cuestiona la eficacia de la política de “paz total” en municipios afectados por la violencia armada. Las autoridades electorales y de seguridad deberán intensificar la vigilancia para mitigar riesgos y proteger la participación ciudadana.
