📸 Imagen cortesía: Cuenta de X Keralty
¿Justicia para Keralty?
El 29 de septiembre de 2025 quedará marcado en la memoria del Grupo Keralty como un día de alivio y reivindicación. Tras más de tres años de tensiones y acusaciones públicas, el Consejo de Estado emitió un fallo que ordena al presidente Gustavo Petro retractarse formalmente de sus señalamientos contra el presidente de la multinacional, Joseba Grajales Jiménez.
Esa mañana en Bogotá, la máxima autoridad judicial del país resolvió a favor de una tutela interpuesta por los directivos de Keralty. El tribunal concluyó que las afirmaciones hechas por Petro, en las que calificaba de “criminal” a Grajales y lo vinculaba con un supuesto delito de financiación ilegal de campañas políticas, carecían completamente de sustento probatorio y lesionaban derechos fundamentales como la honra y el buen nombre, no solo del ejecutivo, sino de toda la empresa.
Este grupo empresarial, que controla marcas reconocidas en la salud como Sanitas, Medisanitas y Colsanitas, denunció desde el inicio una “persecución” política, que según ellos erosionó su reputación y generó una incertidumbre profunda entre sus colaboradores. La sentencia exige que Petro haga su retractación pública en su próxima intervención oficial y no a través de las redes sociales, resaltando la gravedad de la falta y la necesidad de reparar el daño institucional con el peso y la solemnidad debidos.
Mientras el país observa este tablero político y judicial, la decisión abre un debate sobre los límites del discurso público y el respeto a los derechos individuales y empresariales. ¿Podrá la justicia avanzar entre tantas sombras, y cómo influirá esta derrota en la narrativa oficial sobre las alianzas entre actores económicos y el poder político? El Grupo Keralty, por ahora, recupera algo de lo perdido pero deja abierta una pregunta que se extiende más allá del fallo judicial: ¿qué costo tiene para la sociedad la erosión de la verdad en la arena pública?
