Cortesía: Senado
¿Consulta enterrada o resucitada a decreto?
Un frío miércoles 28 de mayo en Bogotá, la polémica volvió a sacudir el recinto del Senado de Colombia. Efraín Cepeda, el presidente del Senado, lanzó una sentencia contundente: la **consulta popular promovida por el Gobierno Nacional murió y fue sepultada con la apelación**, y ahora no existe camino legal para revivirla a través de un decreto presidencial.
El contexto es una creciente tensión política entre el Legislativo y el Ejecutivo. Todo empezó cuando el ministro del Interior, Armando Benedetti, afirmó que si el Senado no se pronunciaba formalmente antes del 1 de junio, el presidente Gustavo Petro podría convocar la consulta por medio de un decreto, con su firma como respaldo. Esa propuesta levantó ampollas. Cepeda no dudó en calificar la estrategia como **“absolutamente ilegal”**, señalando que atentaba contra la autonomía de los poderes públicos y que las decisiones no pueden tomarse «de un solo plumazo», sino que deben ser resueltas en los tribunales.
El líder conservador no se quedó en palabras: advirtió que, de persistir el Ejecutivo en esta arremetida, acudirán al Consejo de Estado para demandar el decreto. “Estoy seguro que le tumban eso por arbitrarios”, afirmó con firmeza, recordando que el Estado de derecho impone límites imposibles de transgredir sin consecuencias.
Mientras tanto, el presidente Petro respondió con una acusación pública desde su cuenta en la red social X (antes Twitter). Denunció a Cepeda de cometer fraude en la votación de la consulta, avivando un fuego cruzado que suma más incertidumbre a este pulso político.
Lo que se sabe hasta el momento es que la consulta popular, inducida inicialmente por el Ejecutivo, no ha logrado sortear los obstáculos jurídicos ni políticos. El Senado mantiene una postura tajante que desafía las intenciones presidenciales. A partir de este desencuentro, la pregunta que queda en el aire es clara: ¿Podrá el Gobierno avanzar sin pisotear la autonomía del Congreso, o se avecinan más capítulos en este choque de legitimidades? Mientras tanto, Colombia observa con atención esta disputa que, más que un trámite, simboliza la tensión entre poderes y la fragileza de la institucionalidad que los sostiene.
