📸 Cortesía: Colprensa
Detención de dos colombianos en isla Santa Rosa genera tensión diplomática con Perú
Dos ciudadanos colombianos, Carlos Fernando Sánchez Ortegón y Jhon Wilington Amia López, permanecen detenidos desde el martes 12 de agosto de 2025 en la isla Santa Rosa, ubicada en la frontera entre Colombia y Perú, por orden de la justicia peruana. Ambos son acusados de realizar trabajos topográficos sin autorización, situación que ha desatado una disputa diplomática entre ambos países.
La captura de los dos hombres ocurrió en el puerto del distrito de Santa Rosa de Loreto cuando una patrulla compuesta por veinte policías peruanos intervino tras recibir alertas de transportistas locales sobre la presencia de trabajadores extranjeros que realizaban mediciones de georreferenciación sin los permisos correspondientes. Según la Fiscalía Provincial Penal de Mariscal Ramón Castilla, los colombianos enfrentan cargos por “atentado contra la soberanía nacional” en la modalidad de actos dirigidos a someter a la república a dominación extranjera, delito que puede acarrear hasta 15 años de prisión.
“Se ordenó siete días de detención preliminar para asegurar la recolección de pruebas y evitar fugas”, explicó el juez César Vela Flores. Las autoridades peruanas indicaron que los detenidos no contaban con la documentación ni permisos necesarios para realizar actividades técnicas estratégicas en territorio peruano, y que su ingreso no fue autorizado por la autoridad migratoria.
El presidente colombiano Gustavo Petro calificó el proceso como “ilegal” y un “secuestro”, argumentando que, con base en el Protocolo de Río de Janeiro, la isla Santa Rosa continúa en disputa y no ha sido adjudicada a ninguna nación. Por su parte, el gobierno peruano y autoridades locales rechazaron estas afirmaciones y ratificaron la soberanía sobre el territorio.
Ante esta emergencia diplomática, se espera que los dos países continúen el diálogo para evitar un mayor conflicto. La Cancillería colombiana hace un llamado a la calma y a respetar los procesos legales en curso, mientras la comunidad en la frontera permanece atenta a los próximos movimientos oficiales.
