📸 Cortesía: Instagram @nicolaspetrob
Fiscal general ordena retiro inmediato de fiscal de apoyo en caso contra Nicolás Petro Burgos
En la mañana del 23 de septiembre de 2025, la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, ordenó el retiro inmediato de la fiscal de apoyo asignada a la investigación contra Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, por presuntos delitos de tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. La medida respondió a una denuncia de la fiscal principal del caso, Lucy Laborde, quien alertó sobre presiones internas que comprometían la independencia del proceso.
El retiro se produjo tras una carta de Laborde enviada desde Barranquilla el 22 de septiembre, en la que cuestionó la incorporación de la fiscal María Isabel Ramírez, proveniente de la Dirección de Lavado de Activos de Bogotá, señalando que la asignación no tenía sustento legal ni administrativo. Laborde sostuvo que su despacho no enfrentaba sobrecarga laboral ni solicitó acompañamiento, lo que generó dudas sobre una posible interferencia en la investigación.
Además, la fiscal principal expresó su preocupación por reuniones convocadas por otras dependencias de la Fiscalía, en las que se le pidió presentar detalles del proceso y sus posibles conexiones con otros casos, sin aviso previo ni claridad en los objetivos. Estas situaciones aumentaron las inquietudes sobre la transparencia y autonomía judicial en un expediente que ha generado alta tensión política y mediática.
Este escenario se agrava en el contexto donde el fiscal Mario Burgos, inicialmente encargado del caso, fue retirado mediante un procedimiento disciplinario controvertido. La Fiscalía continúa bajo vigilancia para garantizar la independencia institucional mientras que la comunidad espera un desarrollo transparente del proceso.
La Fiscalía General llamó a mantener la confianza en las instituciones y a respetar el debido proceso, mientras avanza la investigación contra Nicolás Petro Burgos. Se espera que las autoridades refuercen las garantías para preservar la autonomía judicial ante esta emergencia de alto impacto público.
