Luego de ser aplazada dos veces la audiencia de imputación de cargos en contra de Alexandra Agudelo, secretaria de Educación de Medellín, Lina María Gil, exdirectora técnica de Buen Comienzo, y Henry Paulison Gómez, representante legal de la Corporación Colombia Avanza. En las últimas horas, la Fiscalía les imputó los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, tentativa de peculado en favor de terceros, contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido de celebración de contratos.
Aunque los tres investigados no aceptaron los delitos imputados, en la audiencia la fiscal hizo el recuento del que habría sido un complot para favorecer en contratación a Colombia Avanza, haciendo referencia a dos contratos que de acuerdo con el ente acusador, las actuaciones de Agudelo, Gil y Gómez habrían violado principios importantes de los estatutos como planeación, selección objetiva, responsabilidad, economía y transparencia con un contrato, que fue por un monto total de unos $23.000 millones, después del concepto del ICBF, que señalaba que la corporación habría obtenido el menor rango de calificación en aspectos como calidad operativa y financiera, lo que limitaba su capacidad para suscribir contratos de esa magnitud.
Otro contrato suscrito entre la Secretaría liderada por Agudelo y Colombia Avanza, incluía entre sus obligaciones la entrega de paquetes alimentarios, que según la Fiscalía esto se prestó para inflar los precios de dichos paquetes, y además la labor de dicha entrega era una obligación del contratista, pero la Secretaría de Educación suscribió de manera simultánea un convenio interadministrativo (4600085302), por $126 millones, con Plaza Mayor, para cumplir la misma tarea.
