La Fiscalía General de la Nación, intervino los bienes de una red transnacional de lavado de activos, que operaba en Colombia y Panamá, entre los años 1997 y 2000, en los cuales con maniobras financieras presuntamente lograron legalizar dineros obtenidos irregularmente, comprando bienes muebles e inmuebles.
«En ese sentido, un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre 59 bienes avaluados en más de 109.000 millones de pesos, que estarían a nombre de cuatro integrantes de la red criminal y algunas personas cercanas»: Fiscalía General de la Nación.
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Estos bienes habrían sido adquiridos en Bogotá, Valle del Cauca, Antioquia, Bolívar y Córdoba, distribuidos en 45 inmuebles, entre estos predios urbanos, fincas, casas de recreo y edificios; 4 establecimientos de comercio, 4 sociedades y 6 vehículos, los cuales serán administrados por la Sociedad de Activos Especiales.
