📸 Imagen cortesía: Cuenta de X JEP
¿Restauración o impunidad?
Este lunes 16 de septiembre de 2025, en Bogotá, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) emitió una sentencia histórica que ha vuelto a sacudir el ya frágil escenario de la posconflicto en Colombia.
Siete miembros del último Secretariado de las extintas Farc-EP fueron condenados por crímenes de guerra y lesa humanidad, en particular por miles de secuestros cometidos entre 1993 y 2012. Sin embargo, la decisión no impone penas privativas de la libertad, sino sanciones restaurativas durante ocho años: trabajos comunitarios en zonas afectadas, proyectos de desminado, búsqueda de desaparecidos y restauración ambiental, todo bajo la vigilancia de la Misión de Verificación de la ONU y órganos internacionales como la Corte Penal Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Este fallo, contenido en un extenso documento de 663 páginas, también establece la responsabilidad de estos excomandantes en crímenes conexos como desaparición forzada, homicidios, tortura y violencia sexual. La JEP, creada en el marco del Acuerdo de Paz de 2016, busca así una justicia transicional atípica, donde la reparación prima sobre el castigo tradicional.
Pero, ¿a qué precio? Organizaciones como Human Rights Watch han expresado su inquietud, señalando que la sentencia debería ser escrutada también por instancias internacionales para asegurar que se respeten los estándares globales de justicia y reparación. La singularidad del caso no pasa desapercibida: expertos y líderes de opinión, como el exnegociador Humberto de la Calle, reconocen que es poco común —por no decir inédito— que responsables máximos de un grupo armado acepten públicamente su responsabilidad y una modalidad sancionatoria tan poco convencional.
En Colombia, la controversia persiste. Mientras líderes políticos, como Rodrigo Londoño, dirigente del partido Comunes, defienden la sentencia como un avance hacia la reconciliación, otros sectores sociales y familiares de víctimas cuestionan si estas medidas alcanzan a reparar el daño o más bien erosionan la confianza en la justicia.
Así, la JEP se encuentra en el ojo de un huracán ético y político, con la ciudadanía expectante y el mundo observando atentamente. ¿Podrán estas sanciones restaurativas construir una paz duradera o quedarán atrapadas en las sombras del escepticismo? En la encrucijada de la memoria y la justicia, el desafío está servido.
