📸 Imagen cortesíaJuancho Torres/Anadolu Agency via Getty Images / Anadolu
Sentencia histórica a heridas que no sanan
El martes 17 de septiembre, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en Colombia emitió las primeras condenas contra siete antiguos jefes de las FARC, señalados como responsables directos de miles de secuestros ocurridos entre 1993 y 2016. Un capítulo doloroso de la historia reciente que busca, aún en la justicia transicional, arrojar luz y ofrecer alguna reparación.
Se trata del macrocaso 001, la investigación que con meticulosidad ha desentrañado la práctica sistemática de secuestros por parte de la guerrilla durante más de dos décadas. La JEP les imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad asociados a tres líneas criminales: el secuestro como método para financiar la guerrilla, como presión para negociar intercambios de prisioneros y para imponer control social y territorial. Un paquete brutal que cobraba vidas, infligía torturas, delitos sexuales y desplazamientos forzados, dejando cicatrices aún abiertas en miles de víctimas.
Los sentenciados son los exlíderes máximos que dirigieron este oscuro capítulo: Rodrigo Londoño, alias Timochenko; Pastor Alape; Jaime Alberto Parra, conocido como El Médico; Pablo Catatumbo; Milton de Jesús Toncel, alias Joaquín Gómez; Julián Gallo, o Carlos Antonio Lozada; y Rodrigo Granda, alias Ricardo Téllez. Hombres que encontraron en el secuestro una herramienta de poder y financiación.
Tras siete años de exhaustivas investigaciones, el martes 17 de septiembre de 2025 la JEP dictó estas sentencias bajo su jurisdicción en Colombia. Aunque no hubo penas privativas de la libertad, el tribunal impuso sanciones restaurativas de entre cinco y ocho años, centradas en el reconocimiento de responsabilidad y la reparación simbólica y práctica: labores como el desminado humanitario y la búsqueda de desaparecidos, esfuerzos que invitan a transformar la violencia en servicio a las víctimas.
La decisión evidencia cómo las estructuras criminales usaron el secuestro como estrategia para mantener su dominio territorial y financiar su guerra, dejando atrás un país marcado por la zozobra y el dolor. Sin embargo, la justicia que emerge no repite la lógica punitiva clásica, sino que apuesta por alternativas que buscan reconstruir el tejido social.
¿Podrán estas sentencias y sanciones restaurativas reparar el daño indeleble que el secuestro dejó? Más allá de la letra legal, el reto será transformar la memoria colectiva y enfrentar las heridas abiertas, para que en Colombia la justicia no sea solo un acto formal, sino un acto de esperanza.
