📸 Cortesía: Presidencia / red social X: @MiguelUribeT
¿POLICÍA EN JAQUE? PETRO DENUNCIA INFILTRACIÓN TRAS ATENTADO A MIGUEL URIBE
Una sombra inquietante sobre la seguridad: El pasado sábado 7 de junio en Fontibón, Bogotá, el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay fue blanco de un ataque armado que dejó tres impactos de bala, perpetrado por un menor de edad. La fragilidad del esquema de protección que debía resguardar su integridad ha prendido las alarmas.
Este lunes 9 de junio, en la Comisión Nacional de Garantías a Procesos Electorales, celebrada en la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro lanzó una acusación que retumba más allá del hecho puntual: la Policía Nacional estaría “fuertemente infiltrada”. Según el mandatario, el esquema de seguridad de Uribe debía contar con siete personas, pero en el momento del ataque solo tres agentes se encontraban presentes. Esta irregularidad desata preguntas sobre la eficacia y lealtad de quienes custodian a figuras públicas.
El contexto histórico de la Policía en Colombia, marcada por episodios de corrupción y vínculos con grupos ilegales, no es nuevo. No obstante, a esta problemática se une ahora un señalamiento tan grave como insidioso: Petro aseguró haber confirmado que la conducción del esquema de seguridad estaba en manos de la Policía y no de la Unidad Nacional de Protección. Más allá de las desconfianzas políticas, subrayó que la infiltración no es un rumor sino una realidad palpable que compromete la institucionalidad y la seguridad de procesos electorales esenciales para el país.
El presidente no evitó ampliar el alcance de esta problemática. Reveló que el hijo de Miguel Uribe también habría sido objeto de seguimientos desde su etapa escolar, un dato que añade capas de inquietud sobre el entorno familiar y personal del senador. Además, vinculó estas presuntas infiltraciones policiales con organizaciones del narcotráfico, apuntando a una relación posiblemente oscura entre estructuras criminales y cuerpos de seguridad.
Ante estas graves denuncias, las autoridades están obligadas a esclarecer cómo una protección tan básica como la de un precandidato presidencial pudo fallar tan severamente y si las advertencias sobre la infiltración policial tienen fundamentos sólidos. La sociedad civil observa con atención, preguntándose si esta crisis es un síntoma de una pesca mayor: ¿qué tanto están comprometidas las instituciones en las redes del narcotráfico y la corrupción? ¿Podrán reconstruir la confianza en una Policía que parece cada vez más vulnerable?
Enmedio de esta tormenta, la pregunta queda flotando: ¿podrá la institucionalidad colombiana responder con transparencia y firmeza para garantizar un proceso electoral seguro y libre de sombras? El tiempo y la justicia están por dictarlo.
