La Procuraduría General de la Nación inició una indagación previa contra funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) debido a posibles incumplimientos en la entrega del Programa de Alimentación Escolar (PAE) a 2.210 niños y niñas en la región de Urabá, Antioquia.
Los presuntos hechos fueron denunciados por un periódico local que informó que «170 hogares comunitarios del ICBF fueron 8 días sin recibir paquetes alimentarios» y que la asociación María Auxiliadora, a quien el ICBF le otorgó un contrato por 5.300 millones de pesos, «no tiene los recursos para cumplir con sus obligaciones y está buscando a alguien más para transferir el contrato, pero aún no lo ha encontrado».
Según la denuncia, esta asociación tenía la responsabilidad de asegurar la alimentación de 936 niños en Apartadó, 845 en Chigorodó, 286 en Vigía del Fuerte, 65 en Murindó, 52 en Mutatá y 26 en Carepa hasta el 31 de octubre de este año.
Además, se reportaron retrasos en los pagos a las cuidadoras, lo que llevó a que estas entraran en paro.
El medio de comunicación informado también que a pesar de esta situación, la directora regional del ICBF reconoce que aunque el operador ha incumplido el contrato y desea terminarlo, no es prudente aceptar dicha terminación debido a «asuntos administrativos y jurídicos que perjudicarían la atención de los niños y las madres comunitarias».
La Procuraduría Provincial de Instrucción de Apartadó solicitó al ICBF un informe detallado sobre la ejecución del contrato supuestamente suscrito con la Asociación María Auxiliadora, como parte de las pruebas recopiladas durante la indagación previa.
