De acuerdo con la Procuraduría el congelamiento de las tarifas de peajes ha generado un déficit de $900.000 millones. La medida fue implementada por el Gobierno para frenar el alza de la inflación.
La Procuraduría ha convocado a una mesa de seguimiento al Invías, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Ministerio de Transporte para que expliquen el impacto negativo del congelamiento en las tarifas de peajes. El ente de control ha expresado su preocupación ante los muchos proyectos de infraestructura de transporte que podrían ponerse en riesgo, generando una inseguridad en el mercado financiero que permite la sostenibilidad de los proyectos viales de 4G y 5G.
A pesar de que el Gobierno tomó esta medida con la intención de frenar el alza de la inflación en general, especialmente de los alimentos, nunca se demostró su contribución a dicho fin, señala la entidad. Sin embargo, el ministro de Transporte, William Camargo, ha anunciado que el congelamiento llegará a su fin en los próximos meses.
La Procuraduría ha alertado sobre una posible «lluvia de demandas» en contra del Estado por el incumplimiento en los compromisos contractuales y la ausencia de confianza en el mercado de la infraestructura. Según la entidad, el congelamiento de peajes generó un déficit de aproximadamente $900.000 millones que el recaudo de peajes dejó de percibir durante el 2023.
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