📸 Imagen cortesía D.R.A
¿Candidato a medias?
Este martes 11 de noviembre de 2025, la Registraduría Nacional del Estado Civil anunció una noticia que retumba más allá de lo formal: Daniel Quintero Calle, exalcalde de Medellín, no podrá inscribir su candidatura presidencial por firmas para las elecciones de 2026.
La decisión no es nueva, pero su ratificación lo es. Mediante la Resolución 14125, la Registraduría confirmó la validez de la resolución previa 13881, que había rechazado el comité ciudadano “Reset Total Contra el Narco y los Corruptos”, liderado por Quintero. ¿La razón? Un obstáculo legal insuperable: el grupo no cumplía con los requisitos para ser reconocido como grupo significativo de ciudadanos. La entidad argumenta que admitir una candidatura con impedimento jurídico sería “un proceso inútil y costoso”, y subraya su compromiso con la transparencia y el respeto a la ley en la participación política.
El trasfondo de este conflicto está en la reciente consulta del Pacto Histórico, celebrada el pasado 26 de octubre. Aunque Quintero anunció su renuncia antes de la votación, su nombre permaneció en el tarjetón y recibió más de cien mil votos. Esta inscripción, según la Registraduría, permanece vigente y frena cualquier intento de postulación distinta —en este caso, a través de firmas— por la prohibición legal de la doble militancia política en Colombia.
“La ley prohíbe la doble militancia, que implique la participación simultánea en más de un mecanismo de selección o respaldo político”, explicó la Registraduría. Y aunque la renuncia de Quintero fue pública, su estatus como inscrito no fue formalmente anulado antes del proceso, un detalle crucial que cerró la puerta a su inscripción por firmas.
Así, la carrera presidencial de Quintero enfrenta un nuevo capítulo lleno de sombras legales y políticas. ¿Será posible sortear este nudo burocrático? Mientras tanto, la cuestión abre una reflexión más profunda sobre los límites y las reglas de la participación democrática en Colombia: ¿Quién puede realmente aspirar y bajo qué condiciones? La respuesta, por ahora, queda en manos de la ley y sus interpretaciones, dejando en el aire la esperanza y la incertidumbre de sus electores.
