📸 Imagen cortesía: Sitio Web Centro Democrático
¿Libertad en pausa?
Este lunes 4 de agosto de 2025, la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez presentó una acción de tutela para frenar su prisión domiciliaria.
La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá recibió la solicitud de suspensión provisional de la condena contra Uribe, emitida apenas tres días antes por la jueza 44 penal del circuito, Sandra Liliana Heredia. En esa sentencia primera instancia, Uribe, de 73 años y fundador del partido Centro Democrático, fue condenado a 12 años de prisión domiciliaria y a pagar una multa que supera los 3.400 millones de pesos. Además, se le inhabilitó por más de ocho años para ejercer cargos públicos, tras ser hallado culpable de fraude procesal y soborno agravado. La jueza argumentó que esta medida restrictiva era necesaria para evitar que Uribe huyera del país antes de que la sentencia quede firme, un punto que la defensa rechaza por carecer de fundamentos jurídicos sólidos.
El cuerpo de la tutela, un documento de 91 páginas, sostiene con vehemencia que el fallo violó derechos fundamentales como la dignidad humana, el debido proceso, la presunción de inocencia y la libertad. La defensa recalca que Uribe ha asistido a todas las audiencias sin intentar evadir la justicia, lo que pone en entredicho la supuesta amenaza de fuga. Por ello, pide que se restituya su libertad provisional mientras avanza la apelación, para garantizar que no se le prive injustamente de su derecho constitucional.
Esta petición ahora reposa en manos del Tribunal Superior de Bogotá, que deberá resolver antes de octubre próximo. Mientras tanto, la militancia de Uribe y buena parte del país aguardan con incertidumbre, en medio de un juicio que no solo conmociona la escena política, sino que también plantea preguntas fundamentales sobre la justicia en Colombia y la fragilidad de sus garantías procesales.
¿Podrá la justicia avanzar sin que las sombras de la política enturbien el proceso? La lucha por la libertad de un expresidente no solo es un episodio judicial, sino un espejo donde se refleja la confianza erosionada en las instituciones.
