📸 Imagen cortesía: Andrea Puentes – César Carrión – Ovidio González – Joel González – Luis Osorio / Presidencia de la República
¿Sanción o señal? La tormenta que enfrenta Petro
Este viernes 24 de octubre de 2025, Colombia se vio inmersa en una crisis internacional de grave calado.
A la lista negra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, conocida como la “Lista Clinton”, fueron añadidos el presidente Gustavo Petro, su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro Burgos y el ministro del Interior, Armando Benedetti. Esta inesperada inclusión se produce por acusaciones de presuntos vínculos con el narcotráfico y el crimen organizado, y agudiza una tensión diplomática inédita entre Bogotá y Washington, mientras sacude la política interna del país.
La medida impuesta desde Washington no es simbólica. Bloquea activos en territorio estadounidense a los señalados, prohíbe cualquier transacción financiera que involucre el sistema bancario estadounidense y extiende la amenaza de sanciones a terceros que mantengan negocios con esta familia y el ministro. Desde el Gobierno estadounidense se argumenta que bajo la administración de Petro, la producción de cocaína en Colombia alcanzó niveles récord, “inundando Estados Unidos y envenenando a sus ciudadanos”. Se añadió además que el mandatario habría concedido beneficios a grupos narcoterroristas y permitido el fortalecimiento de los carteles de la droga, una acusación grave que reverbera en el ámbito político y social colombiano.
Mientras todo esto sucedía, la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) confirmó la renuncia sorpresiva de su director, Juan Carlos Llinás. Este organismo aclaró que no ha recibido ningún pedido oficial para iniciar investigaciones contra el presidente Petro, descartando también órdenes expresas para indagarlo, lo que alimenta la polémica en torno a la autonomía judicial y la posible presión externa que estaría enfrentando Colombia en este trance.
Desde su cuenta en la red social X, Petro calificó la sanción como “paradójica”. Señaló que su historial de lucha eficaz contra el narcotráfico, que ha durado décadas, es lo que paradójicamente le ha llevado a este punto. “¿Acaso esa resistencia al poder narcocriminal es ahora causa de castigo internacional?”, parece preguntar en un contexto donde las fronteras entre justicia y política se diluyen peligrosamente.
Este episodio plantea preguntas fundamentales: ¿hasta qué punto las sanciones extranjeras reflejan realmente actos ilícitos o sirven como pieza en un tablero más amplio de intereses geopolíticos? ¿Podrá el liderazgo de Petro navegar este vendaval sin ceder ante la presión de actores tanto nacionales como internacionales? Y, sobre todo, ¿qué significa para Colombia esta señal que, más allá de una sanción, dibuja un vacío inesperado en su relación con uno de sus aliados históricos?
A partir de hoy, la incertidumbre no solo es política ni diplomática. Es también un reflejo del desgaste y las complejidades que enfrentan las instituciones y la sociedad colombiana frente al narcotráfico, la justicia y la influencia externa. El reloj sigue su marcha, mientras Colombia aguarda respuestas que no solo vengan de fuera, sino que broten del compromiso interno con la transparencia y la democracia.
