📸 Cortesía: Presidencia
La Corte Constitucional apartó al magistrado Héctor Carvajal de la decisión sobre la reforma pensional del gobierno de Gustavo Petro, tras aceptar una recusación presentada por la senadora Paloma Valencia. La solicitud fue aprobada por siete magistrados frente a uno, debido a contratos previos que Carvajal mantuvo con Colpensiones donde defendió la constitucionalidad de la Ley 2381 antes de ser nombrado juez.
La recusación tuvo lugar luego de que se revelara que Carvajal, abogado personal del presidente Petro, había celebrado contratos como asesor jurídico de Colpensiones durante la etapa de tramitación de la reforma. En esos documentos, el magistrado sostenía que la propuesta no presentaba vicios de trámite, conducta que fue interpretada como una defensa directa del proyecto bandera del Gobierno.
El involucrado elaboró la respuesta oficial de Colpensiones ante la Corte, asegurando que no había irregularidades en la aprobación legislativa. Esta posición previa a su rol como magistrado se consideró un impedimento grave para seguir interviniendo en el proceso y comunidad jurídica lo recibió como una medida para preservar la imparcialidad jurisdiccional.
Con la salida de Carvajal, el bloque defensor de la reforma perdió un voto clave, poniendo en evidencia una división al dejar una votación 4 a 4 entre los magistrados restantes. Debido a esto, la Corte designó un conjuez, Carlos Pablo Márquez, para restituir la mayoría y así poder definir el caso. El presidente del tribunal, magistrado Ibáñez, quien es ponente y rechazo la reforma, apoyó la recusación; contraponiendo el único voto del magistrado apartado.
Carvajal no aceptó la decisión sin críticas, señalando «procedimientos anómalos» y una supuesta violación al debido proceso. Sin embargo, la Sala valoró las evidencias presentadas por Colpensiones suficientes para validar la inhabilidad de Carvajal en el asunto por conflicto de intereses.
El futuro de la reforma pensional, que crea un sistema de pilares para unir el régimen público con fondos privados, queda ahora en manos del conjuez Márquez, cuya votación definirá en las próximas semanas la permanencia o rechazo de la ley en la Corte Constitucional. Las decisiones serán claves para este tema nacional de alto impacto político y social.
