📸 Cortesía: John Hamon-semana
¿NUEVA CONSTITUYENTE O UN GIRO INESPERADO?
Un compromiso quebrado.
El 11 de junio de 2025, en la ciudad de Cali, el presidente Gustavo Petro volvió a encender un debate a fuego lento pero intenso: la posible convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia. Lo que sorprende, sin embargo, no es solo la propuesta en sí, sino que contradice una promesa electorera hecha en 2018, cuando el mandatario aseguró que nunca impulsaría este camino.
Lo que se sabe hasta el momento es que ante la inminente anulación judicial de la consulta popular sobre reformas sociales —impulsada por Petro mediante decreto y hoy en jaque por cuestionamientos del Senado y expertos jurídicos— el presidente anunció una escalada. Primero, buscará recoger ocho millones de firmas para volver a convocar la consulta popular. Si esta estrategia fracasa, lanzó una advertencia no menor: la única salida sería que el pueblo, a través del voto masivo, pida formalmente la constituyente.
Este anuncio choca con una promesa pública y explícita que el propio Petro suscribió en 2018 —los llamados “mandamientos”— junto a líderes como Antanas Mockus, Ingrid Betancourt y Claudia López. En aquel documento, bajo presión de un país cansado de cambios radicales, Petro se comprometió a no convocar a una asamblea constituyente y a respetar el Estado social de Derecho. La firmeza era tal que el segundo punto de la lista decía textual: No convocaré a una asamblea constituyente.
¿Por qué el vuelco? La respuesta mayoritaria apunta al desgaste parlamentario que viene sufriendo el Ejecutivo. Reformas clave, en especial la laboral, han encontrado muro en el Congreso. El 14 de mayo se selló un duro rechazo del Senado a la consulta popular promovida por el presidente, una derrota política difícil de digerir. Petro reaccionó de inmediato, firmando un decreto que convoca la consulta por la vía administrativa, saltándose el aval del Legislativo e irritando a sectores que ven en esta maniobra un claro reto constitucional.
Las críticas no tardaron en llegar: la convocatoria administrativa abrió la puerta a múltiples recursos legales ante el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, mientras que en el debate público aumentan las voces que advierten sobre la posible erosión institucional en medio de la crisis política.
En su paso por Cali y luego en una entrevista con CNN el 12 de junio, Petro quiso despejar dudas. Aseguró que la constituyente, en caso de convocarse, no sería un mecanismo para favorecer intereses particulares ni un capricho presidencial. Más bien, sostuvo, sería “un acto soberano” del pueblo colombiano para refundar el país desde un centro humano, más justo y democrático.
Pero la incertidumbre persiste. ¿Puede un presidente voltearse a mitad de camino en un compromiso tan señalado sin provocar una fractura en la confianza ciudadana? ¿Cuánto está dispuesto a arriesgar Petro —y Colombia— en esta partida constituyente? Mientras las cortes examinan los recursos, y la coyuntura política sigue convulsa, la nación observa con atención un giro que podría marcar un nuevo capítulo en la historia de la Constitución colombiana.
¿Será esta la salida definitiva o simplemente otro preámbulo en un largo camino de transición con inciertos destinos?
