Madres privadas de la libertad en Colombia obtienen beneficios con ley que permite trabajo comunitario en lugar de prisión
En las últimas semanas, varias madres encarceladas por delitos no violentos dejaron las prisiones para cumplir penas bajo supervisión a través de trabajo comunitario, una iniciativa que avanza apoyada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) junto al Ministerio de Justicia para reducir el hacinamiento carcelario y proteger el bienestar de sus hijos menores.
Desde 2022, esta ley conocida como «Segundas Oportunidades» ha beneficiado especialmente a mujeres internas en cárceles como El Buen Pastor en Bogotá, donde aquellas con hijos pequeños o situaciones de vulnerabilidad han sido priorizadas, logrando que más de un centenar se acojan a esta modalidad. Solo en los últimos meses de 2025, los cambios comenzaban a sentirse en cárceles de ciudades como Medellín y Cali, con expectativas claras de extensión durante 2026 de contar con la puesta en marcha de un proyecto de ley que impulse una red nacional de reintegración social y económica para quienes se liberan bajo esta nueva figura.
«El Estado debe ser el primero en abrir oportunidades, no solo un sistema punitivo”, afirmó en la presentación del proyecto la representante Katherine Miranda, ligada a las recientes mejoras dentro de la norma que busca, entre otros mensajes, responder a la preocupante cifra de reincidencia que llega al 40% entre expenados y que carecen ahora de redes de apoyos eficaces.
El proceso implica evaluación conjunta entre jueces e INPEC, garante del cumplimiento de hasta 8 horas diarias laborales supervisadas reemplazando la privación de la libertad, a lo que la Fundación Acción Interna añade programas de empleabilidad, atención psicosocial y difusión del sello empresarial recompensado con beneficios tributarios para aquellos que contraten expenados. En 2025, esta fundación acompañó procesos desde la detención en cárceles como Cómbita hasta la reinserción en distintos municipios, gestionando más de 1.400 trámites que han empezado a mitigar el ciclo de reincidencia.
Ante esta reforma, se espera optimizar recursos y mejorar condiciones humanitarias, al tiempo que la Alcaldía y entidades regionales instan a la comunidad a favor de estas iniciativas para consolidar una política pública de mayor integración social que articule seguimiento a libertades condicionadas, prevención y acompañamiento a estas madres para fortalecer sus núcleos familiares.
La Cámara y el Senado deben definir antes del 20 de junio los pasos para oficializar esta ruta que ya es semilla para una reinvención del sistema penal con rostro humano en Colombia.
