📸 Cortesía: Presidencia de Colombia
El magistrado Miguel Polo Rosero liderará la revisión del decreto de emergencia declarado por el Gobierno
La Corte Constitucional designó al magistrado Miguel Efraín Polo Rosero como ponente para evaluar la constitucionalidad del Decreto 0150, mediante el cual el Gobierno nacional declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en ocho departamentos de la región Caribe. Esa supervisión es parte del control automático que ejerce la Corte sobre medidas excepcionales como esta.
El decreto, avalado por el presidente Gustavo Petro y su gabinete el 11 de febrero de 2026, respondió a un fenómeno hidrometeorológico atípico que se presentó entre el 1 y el 6 de febrero en la zona Caribe, donde las lluvias superaron en un 289 por ciento los promedios históricos. Los más afectados fueron Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó, con más de 156.000 personas impactadas, siete muertos y casi 50.000 viviendas damnificadas.
Esta figura obliga al Ejecutivo a limitarse a expedición de decretos con fuerza de ley para atender y mitigar la crisis durante un período de 30 días calendario. Durante ese tiempo, el Gobierno puede realizar traslados presupuestales, establecer contribuciones temporales a servicios públicos y entregar ayudas económicas a familias vulnerables en las zonas afectadas. Pero el decreto guarda límites esenciales: está prohibido suspender derechos humanos y libertades fundamentales, entorpecer funciones de las ramas del poder público ou modificar órganos de justicia, y todo tributo temporal finalizará automáticamente tras la próxima vigencia fiscal.
El papel del magistrado Polo Rosero gana relevancia por el precedente presentado en diciembre de 2025, cuando la Corte suspendió un decreto previo presentado como respuesta a una crisis presupuestal. Ahora, el Gobierno resalta que la situación surge por un evento climático imprevisto. El Senado anunció que mantendrá control político y vigilancia rigurosa durante la vigencia del decreto para garantizar que las decisiones gubernamentales sean efectivas, transparentes y realmente atiendan a los damnificados.
La Corte deberá pronunciarse sobre la constitucionalidad de la emergencia, mientras las autoridades llaman a la comunidad para seguir alertas y cooperar ante cualquier necesidad derivada de esta crisis.
