📸 Imagen cortesía The New York Times
¿Colombia en jaque antidrogas?
Este martes 16 de septiembre de 2025, una sombra se cernió sobre la política antidrogas colombiana. Desde Washington, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, apuntó con claridad al presidente Gustavo Petro como responsable de la descertificación de Colombia en lucha contra el narcotráfico, una mancha que no caía sobre la nación suramericana en casi treinta años.
La decisión norteamericana no es caprichosa. Responde al creciente y récord cultivo de coca, a la disminución notable de operativos para erradicar esos sembradíos y a la percepción de una cooperación judicial insuficiente para extraditar a los líderes criminales hacia Estados Unidos. Rubio, durante una gira oficial, dejó claro que la responsabilidad no recae en las Fuerzas Armadas ni en la Policía colombiana, instituciones que destacó por su compromiso y esfuerzo. Más bien, la crítica va dirigida al Ejecutivo y su “liderazgo deficiente”, el cual, según él, ha marcado un giro errático y poco colaborativo frente al problema de la droga.
El impacto de esta descertificación va más allá del golpe simbólico. Trae consigo una presión internacional que erosiona la imagen del gobierno de Petro y, aunque por ahora no implica la suspensión automática de la ayuda estadounidense —gracias a una exención motivada por intereses estratégicos—, el respaldo dependerá de acciones concretas. Washington exige un giro en la estrategia: erradicación agresiva de cultivos, reducción en la producción y tráfico de cocaína, y un compromiso firme en la cooperación judicial.
Luego de casi tres décadas sin este estigma, Colombia enfrenta una encrucijada que pone en tela de juicio no solo la política antidrogas, sino también la capacidad de voluntad política para enfrentar uno de sus más persistentes males. La pregunta que queda flotando es clara: ¿podrá el gobierno colombiano corregir el rumbo y recuperar la confianza internacional que ahora parece diluirse?
