📸 Cortesía: Colprensa / @MariaFdaCabal/X
¿Impuesto exprés o extralimitación?
En la mañana del 30 de mayo de 2025, en el escenario formal del Consejo de Estado, la senadora María Fernanda Cabal presentó una demanda de nulidad contra el decreto 0572 de 2025, recién expedido por el Ministerio de Hacienda. Este decreto anticipa el recaudo del impuesto de renta mediante ajustes en la retención en la fuente, un movimiento fiscal que ha encendido alarmas en distintos sectores.
El gobierno del presidente Gustavo Petro, en medio de un panorama económico complejo, justifica la medida como una estrategia para fortalecer la caja estatal con una recaudación anticipada cercana a 14 billones de pesos. Desde Hacienda aclaran que no se trata de crear nuevos impuestos, sino de modificar los tiempos de cobro ya establecidos. Sin embargo, esta explicación no ha logrado disipar el profundo malestar que crece entre gremios empresariales, expertos tributarios y políticos opositores que ven en este decreto una especie de reforma tributaria impuesta sin el debido trámite legislativo. Preocupa especialmente el impacto sobre pequeñas y medianas empresas, muchas de las cuales enfrentan dificultades de liquidez para cumplir con estos pagos adelantados.
La senadora Cabal se adentra en el núcleo del conflicto señalando que el decreto vulnera el principio constitucional de legalidad tributaria, que exige que cualquier cambio en impuestos pase por el Congreso. Ella advierte con determinación que “no se puede gobernar a punta de decretos cuando están en juego los ingresos de millones de colombianos”. Además, ha solicitado la suspensión provisional del decreto, alertando sobre riesgos de “afectaciones irreparables al patrimonio” de los contribuyentes.
Este pulso entre Ejecutivo y parte del Legislativo no solo enfrenta interpretaciones jurídicas, sino que revela una tensión más profunda sobre los límites del poder en materia fiscal y económica. ¿Podrá el Estado avanzar en sus objetivos de recaudo sin erosionar la confianza de quienes sostienen la economía? La respuesta parece aún esquiva, mientras la controversia fiscal sigue abierta.
