Cortesía D.R.A
Más de 5.160 defensores públicos y contratistas de la Defensoría del Pueblo sin pago por retraso del Ministerio de Hacienda
En las últimas horas del 29 de diciembre de 2025, más de 5.160 contratistas y defensores públicos de la Defensoría del Pueblo no recibieron el pago de sus honorarios correspondientes al mes de diciembre. La causa del retraso obedece a la falta de giro oportuno de recursos por parte del Ministerio de Hacienda, lo que ha generado una preocupación generalizada entre el gremio y organizaciones vinculadas a la justicia.
Este grupo de más de 4.200 defensores públicos, encargados de atender procesos judiciales claves para ciudadanos en estado de vulnerabilidad en todo el país, se encuentran afectados junto con otros contratistas. La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, aclaró que la entidad agotó todas las gestiones administrativas y de planeación vigente para garantizar el desembolso, incluyendo diálogos directos con el ministro Germán Ávila. Sin embargo, afirmó que no fue posible recibir los recursos, aunque estos estaban asignados en la Ley de Presupuesto y contratados formalmente. “Realizamos todos los procesos de planeación y las actuaciones que correspondían a la Defensoría, pero no contamos con los recursos para el pago oportuno”, expresó Marín en su cuenta de la red social X.
El retraso tiene raíces en el limitado Programa Anual de Caja (PAC), gestionado por la Dirección del Tesoro Nacional, el cual fue restringido por la caída de la caja del Gobierno a 1,4 billones de pesos el 5 de diciembre. Esto constituyó el nivel más bajo en años, motivo por el que se pospuso el pago de obligaciones a contratistas pautado inicialmente para diciembre y fue informado que los desembolsos se efectuarán en enero cargados al presupuesto de 2026, una decisión que ha generado críticas por limitar la autonomía presupuestal de la Defensoría y reducir recursos autorizados previamente.
Ante la emergencia, Marín recordó que los defensores han mantenido su compromiso pese a cargar con número de procesos mayor al razonable. “Cada defensor lleva más procesos de los que es razonable, aun así, son un grupo lleno de vocación, entusiasmo y decisión de servicio”, agregó. La postergación afecta servicios de defensa gratuita indispensables para quienes no cuentan con recursos ni asistencia legal.
Desde Hacienda se calificó esta situación como una dinámica normal dentro del esquema de pagos mes vencido, pero el retraso ha recibido cuestionamientos por parte del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, que alertó sobre el grave riesgo al acceso a la justicia al dejar a los defensores trabajando sin remuneración. Hasta las 10:57 a.m. del 29 de diciembre ni la Defensoría ni los contratistas tenían confirmación clara de la fecha para los desembolsos pendientes.
La Defensoría del Pueblo junto con organizaciones ligadas a la defensa de los derechos humanos mantienen la solicitud urgente para que se garanticen pagos inmediatos y siga el trabajo que fortalece el derecho a la tutela y al acceso a la justicia en Colombia. Para los afectados, el llamado al Ministerio de Hacienda es claro: concretar los giros sin más demora para evitar un daño irreparable en atención judicial a la comunidad más vulnerable.
