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Exviceministro de Hacienda exige suspender decreto de emergencia económica de Petro
El exviceministro de Hacienda Juan Alberto Londoño pidió a la Corte Constitucional suspender provisionalmente el Decreto 1474 de 2025, que establece el estado de emergencia económica en Colombia, alegando problemas formales e inconstitucionalidades. La solicitud se presentó el 13 de enero ante la Sala Plena de la Corte y se suma a otra petición similar del Consejo Gremial Nacional.
El decreto, firmado por el presidente Gustavo Petro y su gabinete el 22 de diciembre de 2025, declara la emergencia durante 30 días ante un déficit fiscal de 16,3 billones de pesos, equivalente a unos 4.290 millones de dólares, tras el rechazo a la reforma tributaria en el Congreso. La medida faculta al Gobierno para crear o modificar tributos con el fin de mitigar la crisis fiscal urgida.
En el escrito dirigido al magistrado ponente Carlos Camargo, Londoño afirma que el decreto contraviene el artículo 215 de la Constitución y la Ley 137 de 1994, porque no demuestra la existencia de hechos imprevisibles o extraordinarios. Además, señala que la raíz del déficit es estructural y producto de decisiones políticas, por lo que debe atenderse mediante procedimientos ordinarios y no estados de excepción. Advirtió también que la continuidad del decreto podría alterar irreversiblemente la separación de poderes y el sistema tributario constitucional.
Londoño cuestiona irregularidades en el decreto, como las firmas de la ministra encargada de Ambiente, Irene Vélez, quien actuaría fuera del plazo autorizado tras la renuncia de la titular; y del ministro suspendido judicialmente de Igualdad, Juan Carlos Florián. Por último, sostiene que alternativas fiscales ordinarias, como recortes al gasto o financiamiento, fueron ignoradas para justificar el estado de emergencia.
Simultáneamente, el Consejo Gremial Nacional asesoró al magistrado Jorge Enrique Ibáñez la suspensión provisional del decreto por sus consecuencias económicas negativas, riesgo a la inversión y falta de certezas jurídicas.
El presidente Petro defendió el decreto y criticó tanto al Congreso por no aprobar reformas tributarias como al Banco de la República por mantener la tasa de interés alta, situación que puede incrementar el riesgo país.
La Corte Constitucional tendrá a cargo la decisión en medio de una tensa coyuntura pública por el estado fiscal y las críticas a las instituciones. Por ahora, no ha emitido pronunciamiento sobre la demanda. La evaluación del decreto es decisiva para el manejo de las finanzas públicas y el equilibrio entre poderes en el país.
