📸 Cortesía: Colprensa / Presidencia
Mauricio Lizcano denuncia posible prevaricato por omisión en contratación de pauta oficial
El 2 de agosto de 2025, en Bogotá, Mauricio Lizcano, exministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y actual candidato presidencial, denunció un posible prevaricato por omisión en el Gobierno de Gustavo Petro. Lizcano cuestionó el incumplimiento de una directiva presidencial que obliga a asignar al menos el 33% de la pauta oficial a medios alternativos, política que él impulsó durante su gestión en el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).
Según Lizcano, la directiva buscaba garantizar la diversidad y pluralidad en la información mediante la contratación de medios comunitarios, regionales y alternativos, sectores históricamente rezagados frente a los grandes medios nacionales. “Nosotros dejamos una directiva presidencial para que las entidades contrataran 33% con medios alternativos… El Gobierno no lo ha cumplido. Hay que volverlo ley”, afirmó el exministro, ahora precandidato por “La Revolución del Sentido Común”.
El exfuncionario advirtió que, conforme a la normatividad vigente, la omisión en la ejecución de este mandato podría configurarse como prevaricato, delito que implica que funcionarios públicos tomen decisiones contrarias a la ley. “Eso puede ser un prevaricato para los funcionarios. Alguien tiene que denunciarlos”, expresó Lizcano, y destacó la urgencia de legislar esta obligación para evitar que dependa del criterio de cada administración.
Esta acusación evidencia un distanciamiento definitivo de Lizcano con la administración Petro, de la cual hizo parte hasta febrero de 2025. Desde entonces, el aspirante a la Presidencia se ha distanciado de políticas como la llamada “paz total”, marcando una ruptura con el Ejecutivo actual.
La denuncia de Lizcano genera expectativa sobre las acciones legales que puedan surgir y sobre el futuro de la pauta oficial en medios alternativos. La comunidad y las autoridades deberán estar atentas para garantizar el respeto a la pluralidad en la contratación estatal.
