📸 Cortesía: Presidencia / El Colombiano
Medellín rechaza de plano la ruptura institucional: Federico Gutiérrez responde a Gustavo Petro
Un pulso político cruza el aire en Colombia.
Este martes 3 de junio de 2025, en la noche, el presidente **Gustavo Petro** anunció su intención de convocar mediante decreto una **consulta popular** con 12 preguntas diseñadas para revivir la controvertida reforma laboral, frustrada en el Senado apenas semanas atrás, el 14 de mayo. «La **Corte Constitucional** será la encargada de revisar el decreto esta misma semana», afirmó el mandatario en televisión, marcando un paso inédito en la práctica política reciente del país.
Pero esta maniobra de Petro ha encendido una respuesta airada desde el corazón de Antioquia. El alcalde de **Medellín, Federico Gutiérrez**, se pronunció de manera tajante entre la noche del martes y la madrugada del miércoles 4 de junio, calificando el acto presidencial nada menos que de **»ruptura institucional»** y yendo más lejos al acusar que Medellín **»no respalda el golpe de Estado»** que supondría esa convocatoria por decreto.
Gutiérrez, desde su perfil en la red social X, denunció que esta acción es la manifestación de un **»gobierno dictatorial naciente»** que, bajo la máscara de víctima, intenta diluir la institucionalidad colombiana y saltarse el cauce democrático establecido. «Lo anunciado por Petro no sorprende, pero sí confirma su talante autoritario que erosiona la confianza», apuntó, haciendo un llamado urgente a la ciudadanía y a las autoridades para que defiendan el orden constitucional con vigor.
Esta respuesta no solo abre una grieta política con el Ejecutivo nacional sino también levanta un debate sobre los límites y el equilibrio de poderes en un país ya marcado por tensiones sociales y políticas. La consulta popular, más allá de su contenido, pone en evidencia la fragilidad que atraviesa la relación entre diferentes ramas del poder y territorios con voz propia.
La cuestión que se plantea ahora es doble: ¿podrá la Corte Constitucional detener o validar esta inusual convocatoria? ¿Y cómo responderán las regiones, especialmente aquellas que expresan su rechazo frontal como Medellín? Entre llamados a preservar la institucionalidad y acusaciones de golpes de Estado, el país se enfrenta a una encrucijada que va más allá de una consulta: es el pulso de la democracia misma.
Mientras tanto, la ciudadanía observa expectante y dividida, con la mirada puesta en los próximos pasos de una justicia que deberá esclarecer hasta dónde puede llegar el uso del poder en tiempos de creciente polarización. ¿Habrá avances o seguirá dilatándose el espacio para el diálogo político? Por ahora, solo queda esperar, pero la incertidumbre persiste como un telón de fondo incómodo y amenazante.
