Ministerio de Educación de Colombia. https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/Comunicados/427334:Ministerio-de-Educacion-impone-las-mas-altas-medidas-administrativas-y-sancionatorias-contra-la-Fundacion-San-Jose
Medidas del Ministerio de Educación frente a Fundación San José son calificadas como insuficientes por congresista Jennifer Pedraza
La representante a la Cámara Jennifer Pedraza manifestó críticas por las acciones adelantadas por el Ministerio de Educación al establecer medidas preventivas respecto a la Fundación de Educación Superior San José en Bogotá, tras acusaciones de irregularidades en la expedición de títulos que afectan al menos seis meses de seguimiento. Pedraza destacó la falta de intervenciones en las directivas y activos de la entidad, en contraste con el procedimiento aplicado a la Universidad de Antioquia.
Las medidas del Ministerio, adoptadas el 11 de febrero de 2026, consisten en la vigilancia especial permanente mediante una inspectora en las instalaciones de la Fundación para garantizar el cumplimiento de obligaciones académicas, administrativas y financieras. También se ordenó implementar un plan de mejoramiento corregir procesos internos y velar por la entrega precisa de información al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior ante una investigación que inició formalmente en noviembre de 2025.
Adicionalmente, el 3 de febrero de 2026 el Ministerio intensificó el proceso y formuló cargos contra la Fundación, su rectora Romelia Ñuste Castro y el exsecretario general Luis Carlos Gutiérrez Martínez por negligencias graves relacionadas con la emisión irregular de títulos académicos. Los afectados presentan un plazo de 30 días para presentar descargos en diligencias que esperan finalizar en tres meses, respetando el debido proceso legal.
“Esta medida es insuficiente, no se tomó ocupación de los activos ni la sustitución de las directivas de la San José. En el caso de la Universidad de Antioquia sí hubo intervención, pero con esta entidad ya llevamos medio año solicitándolo sin respuesta clara», señaló Pedraza al alertar en redes sociales sobre la preocupación frente a los responsables inmediatos de las aparentes irregularidades.
La tragedia administrativa se originó a partir de denuncias por un “cartel de diplomas irregulares” involucrando a 24 funcionarios públicos que habrían adquirido títulos sin cumplir requisitos del Saber Pro o postgrado. Casos se discriminan en que los documentos facilitaron la consecución de contratos por más de 1.100 millones de pesos entre 2023 y 2025, habiendo resultados independizados por parte de la Fiscalía en la investigación de cargos de fraude y falsedad ideológica.
Aunque continuarán operando para resguardar los derechos de alumnos en curso y validar títulos entregados, el Ministerio remarca la claridad sobre su seguimiento activo para no descartar mayores acciones según los resultados en la herramienta regulatoria. Frente a esta alerta, la Congresista Pedraza hizo una enérgica solicitud para que se dé vía libre a una intervención más rigurosa que permita aclarar los señalamientos y garantizar la calidad educativa ofrecida a la comunidad.
La Alcaldía y supervisores de educación Llevarán observancia sobre el cumplimiento de las funciones asignadas a fin de evitar mayores afectaciones y proteger derechos de entre los estudiantes concluidas o activos registrados. Por ahora se recomiendan denuncias ciudadanas ante información adicional que incremente la consulta patrimonial y delivery supervisión legal asociada.
