📸 Imagen cortesía D.R.A
¿Juventud en sombras?
La noche del miércoles 3 de septiembre de 2025, un silencio trágico se impuso en el barrio 7 de Agosto, municipio de Segovia, Antioquia. Allí, en la residencia que ambas vidas compartían, una discusión entre una menor de 14 años y su pareja de 19 terminó en muerte.
Según reportes oficiales, en medio de la acalorada confrontación, la adolescente empuñó un cuchillo y lesionó gravemente en el abdomen a Juan David López Álvarez. Vecinos y familiares, testigos de la escena, intentaron auxiliarlo apresuradamente, trasladándolo al hospital municipal. Sin embargo, el joven no resistió y falleció horas después en la sala de urgencias. Este minuto oscuro ha dejado un vacío doloroso en la comunidad local, que aún busca respuestas sobre cómo la violencia tocó su puerta con tanta contundencia.
La pareja, de convivencia reciente, había mantenido una acalorada disputa esa misma noche. La menor fue aprehendida en flagrancia por la Policía de Infancia y Adolescencia, y puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Ahora, enfrenta un proceso por homicidio agravado, mientras la justicia procura esclarecer los pormenores que rodearon este trágico episodio. ¿Fue solo un arrebato, o la culminación de dinámicas de violencia invisibles hasta entonces?
Este suceso ha generado una oleada de perplejidad y consternación en Segovia, instalando un debate necesario sobre los crímenes cometidos por adolescentes y la grave realidad de la violencia intrafamiliar. La Unidad Básica de Investigación Criminal (UBIC) se encarga de la investigación, mientras el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Comisaría de Familia buscan garantizar el respaldo psicosocial y la protección de los derechos de la menor implicada. Es un recordatorio inquietante de las redes complejas que envuelven a los jóvenes en conflicto.
En el marco legal colombiano, la responsabilidad de adolescentes entre 14 y 18 años en delitos graves se procesa bajo el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. Las sanciones contemplan internamientos de 2 a 8 años en centros especializados, sin posibilidad de reducción de pena, aunque siempre con un enfoque orientado a la reintegración social. Entre tanto, Segovia y el país entero confrontan la necesidad imperiosa de atender las raíces de estos conflictos para evitar futuras tragedias.
¿Podrá la sociedad ofrecer a sus jóvenes caminos diferentes, antes de que la violencia les arranque la juventud y la vida? La pregunta persiste, mientras el eco del cuchillo está aún fresco en la memoria colectiva.
