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¿Persecución en la Fiscalía? Gobernador de Antioquia enfrenta incertidumbre judicial
Un aire tenso se respiró este martes 2 de julio de 2025 en Medellín. Andrés Julián Rendón Cardona, gobernador de Antioquia, presentó una recusación formal contra la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón. Lo hizo con el rostro serio y una voz cargada de preocupación: denuncia falta de imparcialidad y una presunta persecución política en el proceso en su contra por contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
Lo que detonó este choque fue una afirmación pública de Camargo, realizada el 24 de junio en la misma ciudad, donde aseguró que ya se había formulado imputación de cargos contra Rendón. Sin embargo, el gobernador desmiente esta versión de manera contundente. “Al día de hoy no he recibido citación, notificación ni llamado formal a audiencia”, afirmó, y calificó dicha declaración como sesgada, capaz de erosionar no sólo su derecho a la presunción de inocencia, sino la confianza ciudadana en el debido proceso.
Detrás de esta disputa, se extiende una historia tensa. La fiscal general, por su parte, defendió la actuación del ente investigador, señalando que la imputación fue formulada por una fiscal delegada ante la Corte Suprema, designada por ella misma. Insistió en que se trata de procedimientos ordinarios y no de un intento de persecución política. Sin embargo, la sombra de la duda se expande en un contexto donde la justicia se entremezcla con las disputas de poder regional.
Desde la defensa de Rendón, encabezada por el abogado Luis Gabriel Chaves Ortiz, se pidió el apartamiento tanto de la fiscal general como de la fiscal delegada, denunciando una presunta celeridad y estrategia que ponen en riesgo la garantía de un proceso justo. En voz del mandatario, “mi libertad y mi mandato legítimo están bajo amenaza”. Es una advertencia que resuena más allá de lo jurídico, como un llamado de alerta sobre los límites de la justicia y la política en Antioquia.
Mientras el caso avanza en un entramado de versiones encontradas y procesos aún invisibles para el acusado, la incertidumbre persiste. ¿Podrá el sistema judicial esclarecer los hechos sin dejar dudas? ¿O la pugna política continuará erosionando la confianza en las instituciones? Hasta ahora, el protocolo legal parece dilatarse entre declaraciones públicas y recusaciones formales. Y en medio de todo, las vidas públicas —y privadas— de quienes ostentan el poder quedan expuestas en un escenario donde las luces de la justicia parecen, por ahora, a oscuras.
