📸 D.R.A.
¿Salud en jaque?

Un quebranto que pesa sobre la salud pública de Medellín lleva meses agudizándose y, en la madrugada del 29 de mayo de 2025, tomó un giro judicial inesperado. La Alcaldía reveló que las EPS intervenidas por el Gobierno Nacional adeudan más de $169.800 millones a la red hospitalaria pública de la ciudad, una cifra que amenaza con desbordar por completo la ya frágil estructura sanitaria local.

El Hospital General de Medellín, epicentro de esta crisis, acumula una cartera vencida de $135.747 millones hasta el 30 de abril, de los cuales la abrumadora mayoría—$109.345 millones—son adeudados por Savia Salud. A esta le siguen Coosalud, Nueva EPS y Sanitas, que juntas concentran el 94% del total del pasivo. En Metrosalud, la deuda alcanza los $34.830 millones, mientras que la Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín enfrenta impagos superiores a los $11.976 millones. Estas cifras no solo expresan números, sino el latido interrumpido de millones de usuarios que dependen del sistema público.

El panorama no puede ser más desalentador: saturación de urgencias, escasez de medicamentos y la sombra del colapso hospitalario se ciernen sobre Medellín. El alcalde Federico Gutiérrez no tardó en señalar que, ante la pasividad del Ejecutivo central, el Distrito interpuso una acción popular ante el Tribunal Administrativo de Antioquia. Una estrategia legal para confrontar a las autoridades nacionales y exigir que cumplan con su responsabilidad en la protección del derecho fundamental a la salud.

Cabe recordar que estas EPS, intervenidas justamente por cuestionamientos en su gestión, son ahora las responsables directas de esta cartera vencida que erosiona la capacidad de atención. ¿Por qué persisten las deudas? ¿Es mera negligencia, o un entramado de políticas desarticuladas que dilatan las soluciones mientras los hospitales se asfixian? Las respuestas, aunque necesarias, parecen dilatarse entre pasos burocráticos y promesas incumplidas.

Mientras tanto, la ciudadanía observa con creciente preocupación cómo el sistema que debería cuidarla se tambalea. La incertidumbre sobre el futuro de los servicios públicos en Medellín no solo es una cuestión administrativa, sino un desafío ético que interpela a toda la sociedad. ¿Podrá esta batalla legal revertir a tiempo el desgaste que amenaza con sumir en la crisis a quienes más dependen de la salud pública? El reloj sigue corriendo.