D.R.A
El general Juan Miguel Huertas continuará al frente del Comando de Personal del Ejército Nacional mientras avanza la investigación por presuntos vínculos con las disidencias de las FARC comandadas por alias Calarcá. La confirmación la realizó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, la noche del martes 25 de noviembre, señalando que “cuando se compruebe que ha sido culpable con la investigación que se haga, se tomarán las acciones a las que haya lugar, pero en este momento estamos investigando”.
La medida responde al escándalo desatado tras la divulgación de archivos y chats incautados a las disidencias, donde se menciona al general Huertas y a Wilmar Mejía, de la Dirección Nacional de Inteligencia, supuestamente vinculados a la creación de empresas de seguridad que, según los documentos revelados por Noticias Caracol, serían usadas como fachada para respaldar recursos y integrantes de estructuras ilegales. En estos registros aparecerían cartas, fotografías y comunicaciones relacionadas con supuestos ofrecimientos dentro del sector defensa y la entrega de información reservada para facilitar actividades con impacto en regiones clave como Antioquia, Catatumbo y el sur de Bolívar.
Frente a estas graves denuncias, la Fiscalía General y la Procuraduría iniciaron investigaciones disciplinarias y penales a fin de aclarar el alcance y la veracidad de las atribuciones, señaló la Fiscal Luz Adriana Camargo, quien explicó que la pesquisa incluirá la posible infiltración de grupos ilegales en agencias del Estado.
El presidente Gustavo Petro respaldó públicamente a Huertas y calificó de infundados los señalamientos, precisando que el oficial, separado del ejército durante el anterior gobierno, solo fue recomisionado en julio de 2025, por lo tanto al momento señalado en los envíos probatorios no tenía funciones activas en la institución. Por su parte, el general rechazó los cargos y declaró “rotundamente cualquier vínculo, colaboración, acercamiento, acuerdo o relación con estructuras de las disidencias de las FARC ni con ningún otro grupo armado organizado al margen de la ley,” al atribuir la situación a una campaña sin base judicial.
La permanencia de Huertas en el cargo ha generado debate político e interrogantes sobre los mecanismos de control y examinación dentro de la fuerza pública. Organismos de vigilancia, partidos políticos y la sociedad civil instan a una investigación total, expedita y trasparente ante la posible afectación de la seguridad estatal y la gobernabilidad presidencial de Paz Total. Por ahora, el general continuará en sus funciones mientras autoridades judiciales y de control siguen determinando responsabilidades.
La recomendación desde la alcaldía es mantener la vigilancia ciudadana y reportar cualquier anomalía vinculada a la acción de grupos armados o autoridad desviada a las líneas locales.
