¿MINERÍA ILEGAL, DEVASTACIÓN SEGURA?
En la vasta y frágil Amazonía de Colombia, la sombra de la minería ilegal se ensancha cada día, erosionando no solo la tierra sino también la paz de sus comunidades. Junio de 2025 marca un nuevo capítulo oscuro: extensas áreas protegidas sufren la herida abierta de una actividad ilícita que alimenta economías violentas y provoca desplazamientos humanos.
Lo que se sabe hasta el momento proviene del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), cuyos vuelos y satélites han detectado un preocupante aumento de puntos de minería ilegal en los ríos Puré y Cotuhé. No es un problema aislado, pues afecta zonas bajo la tutela de Parques Nacionales y alcanza hasta las fronteras con Brasil y Perú. Frente a esta amenaza, autoridades binacionales han destruido recientemente ocho campamentos ilegales y 34 dragas, pero especialistas advierten que sin una coordinación internacional sólida, estas labores son solo un parche temporal.
Como respuesta, el ministro de defensa Pedro Sánchez ha reportado que en lo que va del año la Fuerza Pública ha intervenido 2.286 minas ilegales, confiscando maquinaria y capturando casi 600 personas vinculadas a esta red. La estrategia MIDAS, junto con operativos conjuntos con Brasil y Ecuador, buscan frenar el financiamiento de bandas criminales mediante la explotación ilícita del oro, un foco persistente de violencia y degradación ambiental.
Pero las consecuencias van más allá de lo tangible. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advierte que la contaminación por mercurio —producto directo de estas actividades ilegales— envenena ríos vitales y genera crisis humanitarias de desplazamiento forzado. El daño es sistémico: salud, ambiente y tejido social quedan marcados por la minería ilegal.
¿Es posible detener este avance cuando la frontera entre la ilegalidad y la supervivencia se vuelve difusa? Mientras tanto, la Amazonía, pulmón del planeta y hogar de culturas milenarias, sigue pagando el precio más alto.
