Cortesía Ministerio del Trabajo
El ministro de Trabajo denunciará a congresistas por presuntas conductas contra la soberanía nacional
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, anunció que presentará una denuncia penal ante la Corte Suprema de Justicia contra varios congresistas por supuestamente incurrir en conductas que ponen en riesgo la soberanía e integridad del territorio colombiano.
Sanguino informó que la denuncia la dirigirá al senador Jhonatan Ferney Pulido Hernández, conocido como «Jota Pe», a la representante Lina María Garrido y a Miguel Abraham Polo Polo, quienes en redes sociales habrían promovido mensajes que podrían considerar incitación a acciones hostiles contra el país. Este anuncio se llevó a cabo a través de su cuenta oficial en la plataforma X.
El ministro fundamenta la denuncia en los artículos 455 y 458 del Código Penal colombiano, que sanitizan el menoscabo a la integridad nacional y la participación en hostilidades contra la patria, con penas que van de 320 a 540 meses de prisión. Según Sanguino, «llamar a invasiones, promover hostilidades o incentivar acciones contra nuestro país no es una opinión política», advirtiendo que estas prácticas podrían tener consecuencia legal.
Contextualmente, la denuncia llega en medio de una etapa de tensión geopolitica por la captura del líder venezolano Nicolás Maduro y las declaraciones del expresidente estadounidense Donald Trump sobre una posible operación militar en Colombia. Entre los mensajes cuestionados están publicaciones del senador Pulido sobre el deseo de ver al presidente Gustavo Petro capturado y comentarios de gratitud publicados por la representante Garrido hacia el expresidente estadounidense.
El Ministro destacó la responsabilidad mayor de funcionarios y congresistas, quienes tienen corresponsabilidad constitucional para defender la soberanía y el orden jurídico nacional. Resaltó que «la libertad de expresión no ampara la traición a la patria» y pidió escrutinio sobre los actos de quienes están en funciones públicas.
La acción penal será radicada ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema, competente para adelantar investigaciones contra congresistas beneficiados con fuero constitucional. Aclaró que si bien la denuncia inicial es presentada en su calidad de ciudadano, el Ministerio de Justicia también hizo un trámite oficial como parte del gobierno.
Ante esta situación, se espera que la Corte Suprema analice si los cargos revesten suficiente mérito para iniciar un proceso legal formal, lo cual extiende la discusión política a instancias judiciales y marcará un referente sobre límites en las expresiones públicas de funcionarios electos.
