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La Corte Constitucional negó una prórroga al Ministerio de Salud para entregar información sobre la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y mantuvo el incidente de desacato contra el ministro Guillermo Jaramillo
Este 17 de diciembre, la Corte Constitucional rechazó la solicitud del Ministerio de Salud para extender el plazo hasta el 19 de diciembre para entregar datos relacionados con el reajuste de la UPC. El tribunal reiteró que la información debía entregarse en las 48 horas establecidas originalmente y confirmó el incidente de desacato contra el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo por incumplimiento en este proceso.
El Tribunal, a través de la Sala Especial de Seguimiento de la Sentencia T-760 de 2008, evaluó la petición recibida el 16 de diciembre donde la cartera explicó la complejidad y elevado volumen de datos para justificar la prórroga. No obstante, la Corte consideró que estos argumentos carecían de sustento debido a que la información requerida ya debería estar disponible, y pidió evitar extensiones en tiempos de vacancia judicial, más cuando se trata de un mandato de obligatorio cumplimiento.
El desacato vigente está dirigido directamente al ministro Guillermo Alfonso Jaramillo por no garantizar la suficiencia financiera de la UPC para cubrir el Plan de Beneficios en Salud, manteniéndose el incumplimiento conforme al Auto 2049 de 2025 elaborado el 10 de diciembre. Esta situación manifestó una falta persistente de cumplimiento respecto a los mandatos existentes desde la Sentencia T-760 que salvaguardan el financiamiento al sistema de salud. La Corte además remitió el caso a la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría para investigaciones penales y disciplinarias que podrían seguir.
El pronunciamiento se dio en Bogotá y establece el plazo máximo para cumplirlo el 18 de diciembre. Este es un seguimiento estructural indefectible desde la resolución de 2008 que reconoció la salud como derecho fundamental y ordenó asegurar la sostenibilidad del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Este resultado releva la transparencia y el cumplimiento institucional frente a derechos básicos de los colombianos.
El motivo priorizado fue que el ajuste fijado por el gobierno para 2025 en la UPC fue de apenas 5,3%, muy por debajo de las expectativas sectoriales que solicitaban mínimo un 15,6%. Según datos de la Andi, esto funciona como un déficit superior a 9 billones de pesos para la prestación efectiva del Plan de Beneficios en Salud. La Corte recalcó que no vale solo ajustarse por inflación; se debe hacer un estudio científico actuarial que asegure sobradamente el acceso adecuado para el 2026, con plazo establecido para el anuncio el 31 de diciembre.
A lo largo del año, la Corte ya advirtió esta problemática con varios autos, entre ellos el Auto 007 de enero de 2025 que dijo parecer insuficiente la UPC de ese año y convocó una mesa técnica multisectorial. Sin avances efectivos, el Auto 2049 elevó la advertencia a desacato, exigiendo estudios y planes que permitan superar esta crisis pública en salud, integrando esfuerzo interinstitucional y correctivos consignados públicamente.
Ante esta firme imposición, continúa creciendo la expectativa en torno al compromiso del Ministerio para lograr la sostenibilidad del sistema stampiplico mientras protege los derechos de salud de millones de usuarios. La Corte exhorta a cumplir estrictamente sus fallos y se mantiene en vigilancia permanente.
La comunidad queda atenta a próximos informes oficiales y decisiones para mitigar esta creciente presión financiera y garantizar una salud integral y garantizada para todos.
