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¿Justicia en la fórmula de la salud?
Este martes 18 de junio, el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia reactivó la mesa técnica que revisa la suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), un proceso clave para garantizar la atención sanitaria de millones de colombianos.
La UPC es, en esencia, el monto anual que el Estado transfiere a las EPS por cada afiliado, una cifra determinante para que el sistema funcione y cubra las necesidades médicas. Pero este mecanismo ha estado bajo fuego cruzado por deficiencias que erosionan la confianza en su cálculo. La Corte Constitucional, a través del Auto 504 de 2025, suspendió temporalmente las sesiones previas a esta revisión tras detectar opacidad, falta de participación plural y desequilibrios técnicos entre los actores involucrados.
En respuesta, el Ministerio decidió retomar la mesa técnica bajo una nueva dirección: la estrategia busca transparencia y rigurosidad metodológica, convocando a un abanico más amplio de voces. Ahora participan, junto a la Dirección de Regulación de Beneficios, Costos y Tarifas, representantes del Ministerio de Hacienda, la Superintendencia de Salud, la Adres, asociaciones científicas, gremios, centros de pensamiento, y también representantes de usuarios, pacientes y el sector académico. Así, el gobierno intenta corregir el rumbo impuesto por la Corte y construir un diálogo más plural y fundado en datos reales.
“El objetivo es garantizar un proceso más técnico, plural y participativo, donde las decisiones sobre la UPC sean resultado de análisis basados en datos reales, tendencias epidemiológicas y costos efectivos”, aseguró el Ministerio en su comunicado oficial. Además, cada miembro de esta mesa debe demostrar experiencia técnica y participar a nombre de su entidad, mientras que las sesiones serán grabadas y sus actas públicas, un paso hacia la transparencia.
La Corte Constitucional intervenía con razón: el cálculo anterior de la UPC adolecía de varios problemas, desde la baja calidad y contrastación insuficiente de los datos aportados por las EPS hasta metodologías cuestionables que ponen en riesgo la viabilidad financiera del sistema. Esta nueva etapa pretende dejar atrás esas fallas, pero la incertidumbre persiste entre especialistas y usuarios sobre si estos cambios serán suficientes y duraderos.
Mientras tanto, la salud pública colombiana espera resultados claros que no solo cierren la herida de la desconfianza, sino que afiancen un sistema que responde a las necesidades reales de su gente. ¿Podrá la revisión técnica ser la llave para un sistema más justo y efectivo? La ciudadanía observa, espera y desea que esta vez la transparencia y el rigor prevalezcan.
