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El Fondo Nacional del Ahorro aprobó el traslado de 497.000 millones de pesos al Ministerio de Hacienda, recursos que deben ser entregados antes del 26 de diciembre de 2025. Estos fondos se dirigirán a las empresas del Grupo Bicentenario, en medio de un intenso debate jurídico sobre la legalidad del procedimiento.
La decisión fue tomada en varias sesiones de la junta directiva del Fondo en Bogotá, tras superar negativas por parte de sindicatos y algunas quejas dentro del Gobierno. Los recursos provienen de reservas acumuladas como utilidades generadas por los ahorros gestionados para los colombianos afiliados al Fondo, lo que ha levantado preguntas sobre si estas utilidades pueden ser distribuidas al Estado.
La Contraloría General envió un requerimiento formal para revisar los estatutos del Fondo, especialmente el artículo 63, que impide distribuir utilidades provenientes de la administración de cesantías y limita la distribución a las actividades del objeto social. Expertos han alertado que sin un soporte legal claro los miembros del Fondo podrían afrontar responsabilidades fiscales o penales por esta operación.
En su intervención en el Consejo de Ministros, el presidente Gustavo Petro sostuvo que los recursos corresponden a utilidades internas y no a los ahorros directos de los afiliados. Germán Ávila, ministro de Hacienda, afirmó que el giro fortalecerá el presupuesto nacional y permitirá financiar programas sociales, justificando que el Fondo acumuló reservas excesivas al incorporar ganancias previas.
El millonario giro quedará disponible para repartir entre las 13 entidades que conforman el Grupo Bicentenario, un holding estatal vinculado al Ministerio de Hacienda y que incluye al Banco Agrario, Findeter, Finagro y el propio Fondo Nacional del Ahorro. Se prevé, de igual manera, analizar futuros giros que podrían sumar hasta 800.000 millones en 2026, dada la necesidad de recursos tras la caída de la reforma tributaria en el Congreso.
Se espera que en las próximas semanas la Contraloría determine si el traslado respeta la normativa o si hubo irregularidades en la apropiación de los ahorros de los afiliados. Por eso, las autoridades del Fondo llaman a mantener la vigilancia y garantizar la transparencia en el proceso.


