Graves conflictos armados y narcotráfico aumentan en la frontera colombo-venezolana tras captura de Nicolás Maduro
En las últimas semanas, el narcotráfico y la violencia se han intensificado a lo largo de los 2.200 kilómetros de frontera entre Colombia y Venezuela, donde grupos armados como el ELN y disidencias de las Farc luchan por el control de las rutas de cocaína, mientras la población se ve obligada a guardar silencio bajo amenaza de muerte, situación agravada tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026 por Estados Unidos.
El ELN domina zonas estratégicas como Catatumbo, La Guajira, Arauca y Vichada, expulsando a familias de sus fincas para controlar cargues y descargues de droga, mientras delincuentes aprovechan puntos orbitiales, fluviales y aéreos incluyendo hasta 30 pistas clandestinas en estados venezolanos como Zulia y Amazonas, con presunta complicidad local. La captura de Maduro, señalado por EE.UU. de liderar supuestamente el «Cártel de los Soles» desde 2020, ha reagrupado a las guerrillas que huyen reacomodando sus corredores hacia Colombia a la espera de nuevas operaciones militares en Venezuela.
«El movimiento de estos grupos se facilita a través de corredores estratégicos que cruzan la zona binacional, especialmente en regiones como la Serranía del Perijá, el Catatumbo y la cuenca del Orinoco», informó Juan Camilo Ubaque, experto en geopolítica, quien explicó que esta red conecta actores armados y facilita un flujo permanente de droga y combatientes entre los dos países. El Frente de Guerra Oriental del ELN combina esta logística con minería ilegal de oro en áreas como Apure y Arauca. A su vez, las disidencias del Frente 33 de las Farc se enfrentan al ELN para controlar el territorio. Autoridades colombianas reportan ataques y secuestros de soldados desplegados en la frontera, muchos de ellos desde la protección que ofrece suelo venezolano.
La escasa delimitación sobre terrenos abiertos y ríos de la frontera junto con la crisis de poder generada tras la caída de Maduro antecede este panorama, que se volvió más crítico desde la operación militar estadounidense entre diciembre de 2025 y enero de 2026, cuando también se atacó embarcaciones dedicadas al tráfico ilegal de drogas. Colombia reforzó su despliegue con 30.000 soldados desde el 6 de enero, y el 7 de ese mes los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump acordaron acciones coordinadas para reducir la presencia de grupos armados.
Entre los centenares de desplazados y afectados encuentras residentes de zonas clave como Norte de Santander, Amazonas, La Guajira, así como ciudades fronterizas como Cúcuta y Táchira, que soportan la presión y recrudecimiento de los enfrentamientos armados impulsados desde ambos lados. Ante esta emergencia, la Gobernación y la Policía Nacional mantienen monitoreo permanente y aumentan recomendaciones para evitar desplazamientos forzados hacia zonas de alto riesgo. La Alcaldía de Cúcuta remarca la importancia de denunciar movimientos sospechosos de carga y convoca a fortalecer los comités locales de apoyo humanitario en la región.
