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¿Conciliación rota, voces en choque?
La mañana del lunes 25 de agosto de 2025 amaneció en el Palacio de Justicia de Bogotá con una audiencia que prometía ser un espacio de diálogo, pero terminó evidenciando un abismo imposible de salvar. En esta cita judicial fracasó la conciliación entre siete representantes a la Cámara y Armando Benedetti, ministro del Interior, enfrentados por una denuncia de injuria y calumnia que puso en jaque no solo sus voces, sino el delicado tejido político y social que rodea el poder y la defensa de derechos.
Siete congresistas —Carolina Giraldo, Catherine Juvinao, Marlene Castillo, Katherine Miranda, Julia Miranda y Lina Garrido— fueron contra Benedetti, quien fue denunciado por la carta que ellas mismas enviaron en febrero de 2025 al presidente Gustavo Petro. En esa misiva le cuestionaban el nombramiento de Benedetti por las graves acusaciones públicas de presunta violencia de género que pesan sobre él. El choque surgió allí, en ese señalamiento vehemente que para las parlamentarias es un acto de denuncia y protección del ejercicio político femenino; para Benedetti, una ofensa a su honra.
El ministro, por su parte, arremetió con firmeza, calificando las afirmaciones como “falsas y deshonrosas”, que atentan contra su integridad moral y profesional. Su defensa recordó que esas acusaciones no se limitaron a la carta, sino que cobraron vida en medios, entrevistas radiales y espacios públicos, amplificando un daño reputacional que no estaban dispuestos a dejar pasar sin respuesta.
Durante la audiencia, que justo a las 10:00 a.m. unió a las partes en una sala cargada de tensión, las representantes reafirmaron su posición con convicción férrea: no aceptaron retractaciones ni conciliaciones, rechazando cualquier intento que consideraron como una estrategia de “instrumentalización de la justicia para acosar, hostigar e intimidar” a las mujeres que alzan su voz en el Congreso.
La jornada terminó sin acuerdos, sin entendimiento, y con un pedido formal de las congresistas para archivar el trámite judicial, dejando en el aire la pregunta difícil: ¿hasta qué punto pueden coexistir la defensa del honor y la denuncia de violencia en un escenario político marcado por el desencuentro y la desconfianza?
Este episodio no solo refiere un conflicto legal; abre una herida en la discusión sobre la integridad, el poder femenino y los límites de la justicia en las arenas políticas. Porque, mientras la justicia dilata su avance entre formalismos y rechazos, la sociedad observa con atención y quizá con cierta inquietud: ¿puede el diálogo político sobrevivir en medio de acusaciones que erosionan la confianza indispensable para gobernar? ¿O estamos ante un capitulo más de una fractura profunda que trasciende los tribunales?
Así, el Palacio de Justicia no fue esta vez el lugar de reconciliación sino un reflejo del vacío y la división que persisten en el tejido de la política colombiana. El debate apenas comienza.
