📸 Cortesía: Presidencia de Colombia
El Gobierno de Gustavo Petro decretó la eliminación de la prima especial de servicios para congresistas, medida que comenzará a regir el 20 de julio de 2026 y reducirá sus salarios mensuales de más de 51 millones a un rango entre 31 y 34 millones de pesos. Esta acción hace parte del Decreto 0030 del 19 de enero de 2026 y busca evitar un gasto innecesario de aproximadamente 16,9 millones que se pagaban por este beneficio.
La reducción salarial también afectará a altos funcionarios públicos, como magistrados de las Altas Cortes, el Fiscal General de la Nación, la Procuraduría, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo, el Registrador Nacional y los integrantes del Consejo Nacional Electoral, quienes deben adaptar sus ingresos conforme al principio de equivalencia salarial establecido en la Constitución y la Ley 4 de 1992.
El Departamento Administrativo de la Función Pública, junto con los ministerios de Hacienda y Trabajo, indicó que este decreto deroga la norma anterior que unificaba primas de transporte y vivienda. En el texto se califica la retribución actual de los congresistas como desproporcionada frente al ingreso promedio nacional, lo que imposibilita cerrar brechas sociales. La medida no se aplicará a la legislatura vigente para respetar derechos adquiridos, sino a los nuevos congresistas que asuman funciones en julio de 2026.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicó que la prima se había generalizado de manera indebida y que eliminarla permite un ahorro anual de 56.000 millones de pesos, que contribuirán a equilibrar las finanzas públicas. Por su parte, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, afirmó que la decisión resalta un mensaje de equidad y protege el reciente aumento del 23 % al salario mínimo, resaltando que la labor congresional no justifica este tipo de pagos adicionales. El Gobierno fundamenta su decisión en una sentencia de la Corte Constitucional que admite la eliminación de beneficios por razones de sostenibilidad fiscal.
Esta reforma marca un paso estructural hacia la austeridad y estandarización en la remuneración de los funcionarios públicos. No obstante, se mantienen debates jurídicos sobre su aplicación en las altas cortes y se anticipan posibles recursos legales en contra de la medida. La Presidencia de la República oficializó la decisión el 20 de enero de 2026.
