### ¿Injusticia al otro lado de la frontera?
Un silencio que duele.
En los últimos ocho meses, al menos 18 colombianos permanecen detenidos en Venezuela bajo acusaciones de conspirar contra el gobierno de Nicolás Maduro. Esta realidad desafía a la diplomacia y sacude a las familias atrapadas en una espera llena de incertidumbre, reclamos y desesperanza.
Las detenciones ocurrieron en distintas regiones venezolanas entre septiembre de 2024 y enero de 2025. Entre los señalados hay trabajadores humanitarios y representantes de comunidades indígenas; no mercenarios, como defiende fervientemente la familia y sus allegados. Por ejemplo, Manuel Alejandro Tique Chaves fue arrestado en septiembre del año pasado, mientras que Brayan Sair Navarro Cáceres, indígena arhuaco, fue detenido en enero de este año. Los familiares enfrentaron meses de desinformación y ausencia de contacto con sus seres queridos. Solo el 15 de mayo de 2025 recibieron las primeras pruebas de vida, a través de cartas que abrieron una ventana a la angustia que soportan desde hace medio año o más.
Esta situación no es ajena al contexto de represión política y carencia de garantías procesales que denuncia la oposición venezolana y organizaciones internacionales. Mientras, en Colombia, los familiares no callan. Han aumentado sus voces en plantones y movilizaciones frente al Congreso y la presidencia. Exigen a Gustavo Petro y a las autoridades que intervengan para conocer la verdad y lograr la liberación. Denuncian que no hay evidencias concretas que sustenten las acusaciones ni acceso adecuado a la defensa legal de los detenidos.
Las autoridades venezolanas, con figuras como Tarek William Saab, fiscal general, y Diosdado Cabello, ministro del Interior, insisten en que estos colombianos están implicados en un supuesto plan para desestabilizar Venezuela, con alegatos de ataques contra hospitales y edificios públicos. Sin embargo, hasta ahora, no se han presentado pruebas contundentes ni ante Colombia ni ante la comunidad internacional. Este vacío alimenta las dudas sobre una posible intencionalidad política que erosiona la transparencia de los procesos judiciales y profundiza la sombra sobre la justicia en el país vecino.
La incertidumbre y el silencio no solo pesan sobre quienes esperan en Venezuela, sino también sobre las familias que permanecen en Colombia, que con cada día que pasa ven dilatarse una solución clara. ¿Podrá la diplomacia abrir espacios para esclarecer estas detenciones y aliviar el vacío que dejan? La memoria y la esperanza permanecen, mientras la ciudadanía colombiana observa con atención una encrucijada que va más allá de las fronteras.
¿Llegará la justicia a cruzar ese límite invisible que separa la verdad de la opacidad? Por ahora, el llamado es a no olvidar estos rostros atrapados en la marea oscura del conflicto político.
