📸 Cortesía: captura de pantalla video prensa David Luna
¿DEMOCRACIA EN JAQUE? LA BATALLA LEGAL DE DAVID LUNA CONTRA LA CONSULTA DE PETRO
Este viernes 13 de junio de 2025, en Bogotá, el senador y precandidato presidencial David Luna dio un paso firme al presentar una demanda formal ante el Consejo de Estado. Su objetivo: anular el Decreto 0639, firmado apenas dos días antes por el presidente Gustavo Petro, que convoca a una consulta popular nacional.
El decreto, que pretende abrir una nueva vía de participación ciudadana, no ha escapado a las críticas. Luna y un grupo de actores políticos y jurídicos denuncian que esta medida sufre de “gravísimos vicios legales” y está “falsamente motivada”. Más aún, recuerdan que un rechazo explícito ya vino del Senado de la República, que desestimó la convocatoria previamente.
La acción legal fue radicada en la Secretaría Sección Quinta del Consejo de Estado, apoyándose en el artículo 135 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Cpaca). Acompañando la demanda, se solicitó una medida cautelar para suspender el decreto de inmediato mientras se resuelve el fondo del proceso. Los documentos presentados incluyen la demanda, pruebas y certificados oficiales, con el radicado número 17321.
David Luna no se guardó sus palabras al declarar que Colombia vive “uno de los momentos más difíciles de su historia”. La referencia es directa a la reciente ola de violencia: el atentado contra el candidato presidencial Miguel Uribe y más de 24 ataques terroristas en Valle del Cauca, Cauca y Antioquia. En su crítica, señaló que el Gobierno nacional fracasa en adoptar medidas efectivas para garantizar la seguridad ciudadana. A su juicio, la convocatoria a la consulta popular no solo ignora el marco constitucional, sino que además agrava la polarización y pone en riesgo la estabilidad democrática.
“No tenemos miedo y no vamos a permitir que nos arrebaten la democracia”, enfatizó Luna, subrayando que exigir respeto a la Constitución no es un acto político sino un deber ciudadano.
La controversia plantea preguntas fundamentales: ¿es esta consulta un ejercicio legítimo de participación o una maniobra que fragmenta aún más a la sociedad? ¿Podrá la justicia administrativa esclarecer si el decreto respeta los límites constitucionales o si, como denuncia Luna, es un acto ilegítimo? En medio del debate, la incertidumbre persiste y la democracia colombiana parece vivir un tenso apagón institucional.
