📸 Cortesía: Presidencia
«`html¿FRAUDE EN LA LICITACIÓN? LA BATALLA DEL PASAPORTE EN COLOMBIA
Una decisión que sacude los cimientos del servicio público.
Este martes 24 de junio de 2025, desde la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro anunció que la empresa Thomas Greg & Sons, encargada de imprimir pasaportes en Colombia por casi veinte años, dejará de prestar este servicio. El motivo: una licitación que calificó como “fraudulenta”, impulsada por la Cancillería y que pretendía extender el contrato vigente mediante un mecanismo de urgencia manifiesta que la ministra Laura Sarabia había propuesto por 11 meses más.
La controversia estalló en un consejo de ministros marcado por la ausencia de Sarabia. Allí, el presidente fue tajante: no aceptará prórrogas extraordinarias para la continuidad de Thomas Greg & Sons. “No va a seguir Thomas & Greg porque la licitación que estaban haciendo en Cancillería era fraudulenta”, sentenció Petro, subrayando que no permitirá que se aprovechen figuras legales para ampliar un contrato que, aseguró, ha estado viciado desde sus inicios.
Este proceso ha desnudado profundas tensiones internas en el gobierno y ha expuesto un choque frontal entre Petro y el excanciller Álvaro Leyva. La responsabilidad recaería en Leyva por no detener la licitación cuando se le ordenó, lo que desembocó en un proceso disciplinario a cargo de la Procuraduría y finalmente en su salida abrupta del ministerio. Las recientes cartas públicas de Leyva, críticas y acusatorias, fueron descartadas por Petro como “tontas”, evidenciando una ruptura personal y política.
Mientras tanto, Sarabia había puesto sobre la mesa la imperiosa necesidad de evitar que, a partir del 1 de septiembre, Colombia enfrente un vacío en la entrega de pasaportes. En ese sentido, su intención era firmar una ampliación temporal para garantizar la continuidad del trámite hasta que un nuevo proveedor se hiciera cargo. Sin embargo, la negativa presidencial pone en duda esa hoja de ruta y enciende la preocupación social sobre la incertidumbre en un servicio esencial para miles de colombianos.
Este episodio abre interrogantes cruciales: ¿podrá la Cancillería reconfigurar la licitación bajo estándares de transparencia? ¿Qué impacto tendrá en la ciudadanía esta discontinuidad en el trámite documental? Y más allá de la polémica, ¿logrará el gobierno recuperar la confianza erosionada en un servicio que, durante años, ha sido símbolo de estabilidad? Por ahora, la polémica permanece viva y la expectativa es alta.
«`
