Crédito: Pablo Salgado – CAMBIO
¿Error administrativo que paraliza la ayuda en Catatumbo?
Un retraso burocrático con ecos de gran impacto.
Este martes 6 de febrero de 2025, en medio de la creciente crisis humanitaria en Catatumbo, Norte de Santander, un posible error administrativo amenaza con dejar sin efecto el decreto clave para atender la emergencia.
El decreto 135, expedido el 5 de febrero de 2025 bajo la declaratoria de **conmoción interior**, buscaba movilizar recursos públicos para responder a la violencia que ha desplazado a más de 60.000 personas y cobrado la vida de al menos 100 en apenas un año. Sin embargo, la **Corte Constitucional** analiza la nulidad del decreto al descubrir que fue firmado por ministros que no estaban en funciones ese día, un fallo en el procedimiento que pone en jaque la capacidad estatal para actuar con rapidez.
La norma exige que todos los ministros en funciones refrenden los decretos legislativos en estados de excepción. No obstante, en este caso, el decreto lleva la firma de **Polibio Leandro Rosales** como ministro encargado de Agricultura, cuando ya había regresado a sus funciones la titular, **Martha Carvajalino**. De igual forma, aparece la firma de **Luis Carlos Reyes** como ministro de Comercio, aunque él estaba de licencia el mismo 5 de febrero. Esta ausencia de verificación entre la fecha y las personas en ejercicio ha sido calificada por fuentes de la Corte como una **»novatada de derecho»**, un error formal que podría tener consecuencias graves.
El impacto de este lapsus va mucho más allá de un simple trámite. Gracias al decreto, el gobernador de Norte de Santander, **William Villamizar**, junto a los alcaldes de la zona, han podido **reorientar recursos públicos** para atender la emergencia generada por el conflicto armado entre el **ELN** y las disidencias de las FARC. Si el decreto se anula, las autoridades locales quedarían sin las herramientas legales para redistribuir los presupuestos y proporcionar ayuda inmediata a una población que cada día acumula más heridas.
Mientras la **Corte Constitucional** resuelve esta incertidumbre, la pregunta se impone con urgencia: ¿podrá el Estado garantizar la atención efectiva en Catatumbo a pesar de sus propias fisuras administrativas? El drama humano y la complejidad legal se entrelazan, dejando una sombra sobre la respuesta oficial y la esperanza de miles de afectados.
