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¿Nepotismo en el Atlántico?
Este lunes 8 de septiembre de 2025, la Fiscalía General de la Nación lanzó una nueva andanada contra Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, por presuntas irregularidades en contratos durante su paso como diputado en la Asamblea Departamental del Atlántico.
La Fiscalía señala que entre 2020 y 2021, Petro habría intervenido para que la Gobernación del Atlántico adjudicara al menos cinco contratos —por más de 3.000 millones de pesos— a la Fundación Conciencia Social (Fucoso) y la Unión Temporal Conciencia Incluyente. Según el expediente, los recursos fueron destinados oficialmente a programas para adultos mayores y personas con discapacidad, pero nunca llegaron a esos beneficiarios ni se prestaron los servicios acordados.
Más allá de las cifras y contratos, lo que alerta a la Fiscalía es la posible red de complicidades: documentos y comunicaciones que involucran a la exesposa de Petro, Daysuris Vásquez, y a Gustavo de la Ossa, director de la fundación, sugieren un supuesto reparto irregular de los dineros. Parte de ese dinero, según la Fiscalía, habría ido a parar a manos de Nicolás Petro y su entonces pareja, poniendo en entredicho un entramado que combina poder familiar y manejo de recursos públicos.
Lucy Laborde, fiscal de la unidad de Lavado de Activos de Barranquilla, ya radicó la solicitud para la audiencia de imputación de cargos, donde además pedirá una medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza la investigación judicial. La diligencia es inminente y se realizará ante un juzgado de Barranquilla.
Este caso abre heridas sobre la confianza en las instituciones que deberían velar por la justicia y el buen uso del erario público. A partir de hoy, la pregunta vaga sobre la mesa: ¿podrá la justicia esclarecer las sombras que envuelven al hijo del presidente y avanzar sin dilaciones ni presiones? El país observa, mientras el Atlántico sigue guardando sus secretos.
