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¿Silencio bajo encuesta?
Una sombra se cierne sobre la opinión pública colombiana. Este miércoles 14 de junio, el presidente Gustavo Petro está a punto de sancionar una ley que restringe la publicación de encuestas políticas, una medida que ha encendido alarmas en expertos, medios y firmas encuestadoras.
La nueva normativa prohíbe divulgar estudios de intención de voto hasta el 1 de noviembre de 2025, tres meses antes de que se inscriban oficialmente las candidaturas presidenciales. En la práctica, significa un apagón informativo en un período clave para la democracia, cuando el pulso político suele acelerarse y la ciudadanía busca orientarse sobre posibles candidatos.
Martín Orozco, gerente de Invamer, una de las consultoras más prestigiosas del país, no duda en calificar esta ley como “una censura directa” y “un atentado contra la libertad de prensa y el derecho a la información”. “Antes del 1 de noviembre, la gente no tendrá acceso a cómo marchan las preferencias electorales, y los medios quedarán mudos”, señaló en una entrevista reciente. La voz de Orozco refleja un sector preocupado por la opacidad que la ley impone y el vacío que deja en la conversación pública.
Impulsada por figuras del Congreso como las senadoras Angélica Lozano, Paloma Valencia y Clara López, la ley también introduce el polémico criterio de que sólo se podrán encuestar personas con “favorabilidad manifiesta”. Un término oscuro que, según críticos, abre la puerta a interpretaciones arbitrarias. Para Orozco, esta medida es un enigma jurídico: “¿Un candidato con alta desfavorabilidad entraría en esa categoría? Nadie lo sabe”.
Además, la ley obliga a las empresas encuestadoras a entregar al Consejo Nacional Electoral (CNE) los microdatos, grabaciones y formularios originales de cada encuesta. Este requisito, lejos de fortalecer la transparencia, podría vulnerar la protección de datos personales y generar una carga burocrática tal que varios actores del sector advierten sobre una posible paralización de sus actividades.
Entre la censura y la regulación, Colombia se enfrenta a un dilema difícil de desentrañar. ¿Protección democrática o asfixia informativa? Mientras tanto, la ciudadanía queda con la incógnita de si podrá acceder libremente a la información crucial para decidir en las urnas. ¿Podrá la democracia resistir este silencio impuesto?
