📸 Imagen cortesía @INPEC_Colombia
¿Seguridad en jaque? Dos ataques sacuden al Inpec
La noche del viernes 3 de octubre de 2025 dejó una estela de miedo y violencia en el personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en Colombia. En Bello, Antioquia, y Armenia, Quindío, dos dragoneantes fueron víctimas de ataques armados que, por fortuna, no terminaron en tragedia, pero sí abren interrogantes sobre la seguridad de quienes custodian las cárceles del país.
En Bello, cerca de la cárcel Bellavista, Benítez, un dragoneante que había terminado su turno, fue sorprendido a menos de 100 metros del penal por dos sicarios en motocicleta. La ráfaga de balas fue intensa, pero su habilidad al volante y la tensión del momento le permitieron escapar ileso entre el caos vehicular hasta su casa. Mientras tanto, en Armenia, otro servidor público fue emboscado apenas salía de la cárcel San Bernardo. La camioneta en la que se desplazaba recibió al menos cuatro impactos. Aunque sufrió heridas leves por fragmentos de vidrio, el dragoneante permanece estable bajo supervisión médica.
Lo que para muchos podría parecer un episodio aislado, en realidad es la punta de un iceberg que preocupa a la institución y a la sociedad. Más de 270 amenazas han sido documentadas este año contra funcionarios del Inpec. La violencia no solo erosiona la seguridad laboral de estos servidores públicos, sino que también pone en jaque la estabilidad y el orden en los centros penitenciarios. Felipe Quimbayo, vicepresidente del sindicato nacional del Inpec, denunció públicamente esta situación crítica que exige respuestas inmediatas.
Las autoridades policiales, encabezadas por el coronel Luis Fernando Atuesta Zárate, comandante de la policía local, han reforzado los esquemas de protección y han abierto investigaciones con la intención de esclarecer quiénes están detrás de estas acciones. Sin embargo, la incertidumbre persiste y la pregunta se impone: ¿cómo garantizar la integridad de quienes deben custodiar la ley cuando ellos mismos son blanco de la violencia?
Mientras tanto, los funcionarios del Inpec afrontan un vacío en su protección que desafía no solo su trabajo cotidiano sino también la confianza de la sociedad en un sistema penitenciario que, para muchos, parece estar perdiendo la batalla contra el crimen y la impunidad. ¿Podrá el Estado encontrar soluciones que realmente aseguren la vida y seguridad de quienes custodian las cárceles nacionales? El tiempo, inseparable de la justicia, comenzará a dar respuesta.
