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Viceministra advierte que pactar precios de vivienda VIS en salarios mínimos es ilegal en Colombia
La viceministra de Vivienda, Aydeé Marsiglia Bello, alertó en las últimas horas que fijar el precio de viviendas de interés social (VIS) en salarios mínimos es una práctica ilegal que afecta a los compradores. El anuncio se realizó este jueves 15 de enero durante una entrevista en Mañanas Blu de Blu Radio.
El mercado de vivienda se ha visto confundido tras el aumento del 23,7% en el salario mínimo para 2026. Según explicó Marsiglia, aunque la ley establece topes en salarios mínimos —que para VIS es un valor máximo de 135 salarios—, el precio de venta debe pactarse en pesos colombianos y no directamente en salarios mínimos. “No estamos cambiando los topes de la ley, lo que decimos es que el precio no puede fijarse en salarios mínimos, porque la ley no lo permite”, dijo la funcionaria.
Esta doctrina reinstala le legalidad en un sector donde es común la venta con referencia en salarios mínimos, práctica que incumple el Estatuto del Consumidor al no permitir que los compradores conozcan el precio exacto desde el inicio del contrato. Marsiglia reclamó que este método ha generado abusos entorno a incrementos no pactados y amenazas de pérdida de la vivienda antes de la entrega, lo que perjudica especialmente a las familias.
En ese orden, el Ministerio de Vivienda y la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) tienen en marcha una Circular de 2024 que obliga a pactar valores en pesos colombianos. Sin embargo, solo uno de cada cuatro constructores cumple con esta norma. En Bogotá el acatamiento llega al 67%, pero en Medellín, persiste la práctica de pactar precios en salarios mínimos.
Mercado y fiscalización
Respecto al encarecimiento por el alza del salario mínimo, Marsiglia aclaró que el aumento tiene un impacto pequeño porque el costo laboral representa apenas el 20% del valor total en Construcción, según datos del DANE. Además, la SIC intensificará la vigilancia y podrá imponer multas por incumplimiento de las normas tras recibir más de 400 denuncias en los primeros días de enero.
Como medida adicional, la viceministra hizo un llamado a la ciudadanía para que los compradores que enfrenten negación a hacer contratos en pesos acudan a la SIC para denunciar. Además, insistió en que el Gobierno mantiene subsidios al sector que buscan proteger la rentabilidad y administrar beneficios tributarios para constructores, evitando que el modelo VIS se convierta en instrumento de especulación.
“Queremos que los ciudadanos sepan que tienen derecho a precios transparentes y que la VIS llegue a quienes la necesitan, no se convierta en inversión”, concluyó Marsiglia Bello, haciendo un llamado a la responsabilidad de todo el sector constructor para respetar la normatividad y transparencia en precios.
La medida apunta a garantizar una situación clara para los compradores en todo el territorio nacional y promover un mercado justo basado en cifras reales en pesos, acorde a la legalidad vigente. Se solicita a la comunidad estar atenta a las actualizaciones y mantener comunicación con entidades encargadas ante posibles irregularidades.
