📸 Imagen Cortesía: Cuenta de X Unidad Nacional de Protección
[INVESTIGACIÓN EN LA SOMBRA: PROTECCIÓN EN ESPERA]
En medio de una nación que no cesa de lamentar la violencia contra sus líderes, la Procuraduría General de la Nación dio un paso firme el miércoles 2 de julio de 2025. Desde Bogotá, anunció la apertura de una investigación disciplinaria contra Augusto Rodríguez Ballesteros, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), por presuntas omisiones críticas en la atención a solicitudes de seguridad de líderes y lideresas sociales.
La pesquisa acusa no solo demoras en la asignación de protección, sino también posibles irregularidades relacionadas con la reubicación de agentes de seguridad hacia funciones administrativas, pese a la alarmante escasez de personal. Esta decisión, según el órgano de control, podría haber erosionado gravemente la capacidad operativa de la UNP para enfrentar la oleada de amenazas que sacude al país.
Cabe recordar que la violencia contra líderes sociales en Colombia no es un relato aislado. Según Indepaz, al 30 de mayo de 2025, 67 líderes han sido asesinados, una cifra que revela la persistencia de riesgos mortales para quienes se atreven a defender sus comunidades. Las denuncias que motivan la investigación hablan de demoras injustificables y de respuestas institucionales que llegaron, en ocasiones, demasiado tarde, cuando el daño ya era irreversible.
En su comunicado, la Procuraduría fue tajante: “Con la apertura de la investigación, el órgano de control busca verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria, esclarecer los motivos determinantes y verificar si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad.” Además, exigió a la UNP un informe detallado que incluya la cantidad de solicitudes recibidas, atendidas, y los criterios bajo los cuales se decidió cada caso desde agosto de 2022, señalando con firmeza la necesidad de transparencia.
La lupa también se posó sobre la protección concedida al precandidato presidencial y senador Miguel Uribe Turbay, víctima de un atentado el 7 de junio en Bogotá. La investigación busca esclarecer si hubo fallas o vacíos en la protección que, en teoría, debían resguardar su vida.
Esta apertura de investigación no solo cuestiona la capacidad institucional en la protección de quienes arriesgan todo por sus comunidades, sino que provoca una reflexión profunda: ¿cómo puede un sistema que se dice garante de la seguridad permitir que sus fallas prolonguen la vulnerabilidad y, en último término, la tragedia?
Mientras tanto, Colombia sigue esperando respuestas claras y efectivas. La justicia comienza a abrir caminos, pero el vacío y la incertidumbre permanecen, como un oscuro telón que se cierne sobre quienes aún luchan en la primera línea. ¿Podrá la UNP, y con ella el Estado, reconstruir la confianza que tanto se ha erosionado? Esta investigación es solo el comienzo de un necesario examen de conciencia.
