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¿Embargo o complicidad?
Este martes 15 de julio de 2025, en la ciudad de Bogotá, la relatora especial de la ONU para los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, lanzó un llamado que resuena como una alarma: pidió a todos los países romper vínculos diplomáticos, militares y comerciales con Israel para detener lo que calificó de genocidio en Gaza.
En medio de la cumbre del Grupo de La Haya, que reunió delegaciones de 32 países de América Latina y otras regiones con el objetivo de tratar la crisis humanitaria en Gaza y los territorios ocupados, Albanese fue clara y contundente. Denunció que normalizar la ocupación equivale a avalar la ilegalidad del Estado israelí y urgió a suspender toda relación política, económica y militar con ese país. Incluso extendió su llamado al sector privado, incluyendo bancos y fondos de pensiones, reclamando un embargo armamentístico inmediato y sanciones por la política de asentamientos y los ataques contra civiles palestinos.
Además, la relatora subrayó la imperiosa necesidad de mantener el envío constante de ayuda humanitaria desde los estados mediterráneos: médicos, medicinas, alimentos y fórmulas para bebés, ante las denuncias crecientes de hambre y graves violaciones a los derechos humanos en Gaza.
Este reclamo no surge en el vacío. La situación se agrava con el reinicio de los bombardeos israelíes en diversas zonas de Gaza, sin visos de una tregua próxima. Según las Naciones Unidas, en el último año han muerto más de 700 palestinos en Cisjordania, incluyendo 169 menores. Estas cifras dibujan un escenario sombrío que interpela a la comunidad internacional sobre sus responsabilidades y pasividades.
¿Podrá la presión global desembocar en un cambio real o terminará como un eco más en medio del conflicto? La pregunta queda flotando, mientras significativamente se abre una grieta entre diplomacia, comercio y derechos humanos. La ciudadanía mundial, por su parte, observa, espera y reclama respuestas que vayan más allá del discurso.
